La Fiscalía de Nuevo León ha anunciado que imputará a exfuncionarios por el colapso de un escenario en San Pedro Garza García, un incidente que dejó nueve muertos y decenas de heridos. El hecho ocurrió el 22 de mayo de 2024 durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro.
El desplome del escenario en el campo de béisbol “El Obispo” fue causado por fuertes ráfagas de viento, según reportes oficiales. Sin embargo, la Fiscalía apunta a posibles negligencias de los organizadores y autoridades locales, quienes habrían ignorado las advertencias meteorológicas sobre lluvias y vientos intensos en la zona.
Entre los señalados se encuentra el exdirector de Protección Civil de San Pedro, Ismael Contreras, quien ya compareció ante el Ministerio Público. Erik Cavazos, titular de Protección Civil estatal, también fue citado, pero no acudió alegando labores en incendios forestales, lo que ha generado críticas por su aparente falta de cooperación.
La tragedia cobró la vida de nueve personas, incluyendo un menor de 11 años, José de Jesús Torres Solís, y ocho adultos, entre ellos Martha Alicia Espinoza Coronado, cuya desaparición fue reportada por su hijo horas antes de confirmar su fallecimiento. Además, 121 personas resultaron lesionadas, muchas de ellas atendidas en hospitales como la Clínica 7 y el Hospital 21 del IMSS.
La investigación señala que, a pesar de contar con protocolos de seguridad, el evento no tuvo las medidas adecuadas para prevenir el colapso. Protección Civil había revisado el escenario, pero el viento “atípico” fue suficiente para derribarlo, según declaraciones de Erik Cavazos, lo que ha levantado dudas sobre la calidad de las inspecciones.
Familiares de las víctimas han presentado denuncias, exigiendo justicia por lo que consideran una negligencia grave. Una de las querellas, interpuesta por un familiar de una víctima fatal, acusa a los organizadores de no haber tomado las precauciones necesarias, a pesar de los pronósticos climáticos adversos.
La Fiscalía, ahora bajo el mando de Javier Flores Saldívar, ha prometido una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. Flores, quien asumió el cargo en febrero de 2025, aseguró que evaluará a fondo el desempeño de la institución y priorizará casos de alto impacto como este.
A más de un año de la tragedia, el lugar del incidente permanece intacto, con escombros aún sin retirar, ya que la Fiscalía no ha autorizado su remoción. Esto ha generado malestar entre los vecinos, quienes consideran que la falta de acción refleja la lentitud en el proceso de justicia.
El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los gobiernos municipales en eventos masivos. La presión pública crece para que se esclarezcan los hechos y se castigue a quienes fallaron en garantizar la seguridad de los asistentes.
Este proceso judicial podría sentar un precedente en Nuevo León, donde los ciudadanos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de eventos públicos tras una tragedia que marcó a la comunidad de San Pedro.