Un testigo protegido ha destapado las graves irregularidades cometidas por dos exagentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en Chihuahua. Según su testimonio, los exoficiales Saulo D. G. y Juan Manuel R. I. usaban sus uniformes y patrullas oficiales para llevar a cabo actos ilícitos, afectando principalmente a migrantes en situación vulnerable.
El testigo señaló que los exagentes irrumpían en casas donde se alojaban migrantes, utilizando su autoridad para intimidar y extorsionar. Además, se les acusa de privar de la libertad a personas durante sus traslados, aprovechándose de su posición para cometer abusos sin levantar sospechas.
Estos detalles salieron a la luz durante una audiencia judicial, donde se presentó una videograbación del 30 de mayo de 2023. El testimonio fue recabado como prueba anticipada debido al temor del testigo por su seguridad, ya que había recibido amenazas directas relacionadas con su declaración.
El caso ha generado un intenso debate en los tribunales. La defensa de los acusados cuestionó la validez del testimonio, mientras que el juez de Control que tomó la declaración en 2023 advirtió que el testigo deberá comparecer en el juicio si las condiciones de riesgo cambian.
Las acusaciones contra los exagentes han puesto en tela de juicio el actuar de la SSPM. Aunque las autoridades municipales han insistido en que estos actos no representan a la corporación, la ciudadanía exige mayor transparencia y controles más estrictos para evitar abusos de poder.
El testimonio describe un patrón alarmante: los exagentes operaban con total impunidad, utilizando los recursos de la SSPM para sus actividades ilícitas. Esto ha levantado preocupaciones sobre la supervisión dentro de la institución y la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Organizaciones civiles han señalado que los migrantes son un grupo especialmente vulnerable en Chihuahua, y casos como este agravan su situación. La falta de acción inmediata por parte de las autoridades municipales ha generado críticas sobre la efectividad de las medidas contra la corrupción policial.
Este escándalo pone de manifiesto los retos que enfrenta Chihuahua en materia de seguridad y confianza en sus instituciones. La ciudadanía espera que el proceso judicial esclarezca los hechos y siente un precedente contra la impunidad en las fuerzas del orden.