El sexenio de Andrés Manuel López Obrador dejó una huella imborrable en México, pero no por las razones que sus seguidores celebran. Según diversos analistas, su administración se caracterizó por un ataque frontal a las instituciones democráticas que costaron décadas de esfuerzo ciudadano. Organismos como el INE, el Tribunal Electoral y el INAI fueron debilitados o desmantelados, acusados de ser obstáculos para su proyecto político. Este desmantelamiento, según críticos, no fue un accidente, sino una estrategia deliberada para consolidar el poder.
El sistema de salud pública fue uno de los sectores más golpeados. López Obrador clausuró el Seguro Popular, argumentando corrupción, pero su reemplazo, el Insabi, terminó en un fracaso estrepitoso. Lejos de mejorar el acceso a la salud, el Insabi colapsó bajo el peso de una mala gestión, dejando a millones sin cobertura adecuada. Finalmente, la carga recayó en el IMSS, que lucha por atender a una población abandonada por el gobierno.
La prensa, los legisladores y hasta el Poder Judicial no escaparon de la influencia de López Obrador. A través de sobornos o intimidaciones, según reportes, logró alinear a medios de comunicación, al Congreso y a organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La desaparición de una veintena de organismos descentralizados, creados para servir al ciudadano, fue otro golpe a la estructura institucional del país.
El expresidente no actuó solo. Un grupo de seguidores incondicionales, descritos por algunos como “satancillos”, respaldaron sus decisiones más controvertidas. Desde un senador que realizó un ritual con una gallina frente al Senado hasta declaraciones de figuras públicas que lo tildan de “satánico”, el entorno de López Obrador estuvo marcado por la polémica y el escándalo.
En el ámbito internacional, su administración generó preocupación en Estados Unidos. Sus reformas judiciales, calificadas de populistas y dictatoriales, encendieron alarmas por sus implicaciones económicas y políticas. Comparado con Plutarco Elías Calles, López Obrador es señalado por intentar perpetuarse en el poder a través de figuras cercanas, como Claudia Sheinbaum, quien ha sido cuestionada por seguir sus pasos.
La política de “abrazos, no balazos” es otro punto de crítica. Esta estrategia, según observadores, permitió que el crimen organizado se fortaleciera durante su sexenio. La liberación de Ovidio Guzmán en 2019, ordenada por el propio López Obrador, fue calificada por un exjefe de la DEA como un “pacto con el diablo”. Este episodio marcó un punto de inflexión en la percepción de su relación con los cárteles.
Claudia Sheinbaum, ahora al frente del país, enfrenta el reto de lidiar con este legado. Aunque ha intentado desmarcarse con operativos como “Enjambre” en el Estado de México, donde se arrestaron 14 funcionarios, las críticas persisten. Muchos ven estas acciones como superficiales, diseñadas para calmar las presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, que exige medidas más contundentes contra el narcotráfico.
La influencia de López Obrador sigue pesando sobre Sheinbaum. Las acusaciones de que el expresidente continúa manejando los hilos del poder son constantes. Mientras tanto, el país enfrenta las consecuencias de un sexenio que, según sus detractores, priorizó el control político sobre el bienestar ciudadano, dejando un México con instituciones debilitadas y una sociedad polarizada.
En contraste con Calles, quien creó instituciones durante su tiempo, López Obrador es acusado de destruirlas para apropiarse de los recursos públicos. Esta diferencia marca un punto de reflexión: mientras uno buscó construir, el otro, según críticos, se dedicó a desmantelar. El futuro de México dependerá de cómo se aborde este legado.
El eco de estas decisiones resuena en un país que busca recuperar la confianza en sus instituciones. La pregunta que queda es si el gobierno actual podrá romper con el pasado o si continuará bajo la sombra de un proyecto que, para muchos, fue un retroceso histórico.