La movilidad en Nuevo León enfrenta una crisis severa que afecta a miles de ciudadanos diariamente. Según el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, el estado sufre un déficit del 50% en choferes de transporte público, lo que equivale a más de 7,000 operadores faltantes. Esta carencia ha generado largas filas en las paradas y una notable reducción en la frecuencia de los camiones, complicando los traslados de la población.
A pesar de los esfuerzos del gobierno estatal por adquirir nuevos camiones para mejorar el sistema de transporte, la falta de operadores sigue siendo un obstáculo crítico. Especialistas en movilidad han señalado que, para mantener un servicio continuo, se necesitan al menos tres choferes por unidad. Con alrededor de 5,000 camiones en operación, el estado requeriría 15,000 operadores, pero actualmente solo cuenta con la mitad de esa capacidad.
El impacto de esta situación es evidente en la vida cotidiana de los regiomontanos. Miles de personas enfrentan esperas prolongadas en las paradas, lo que incrementa el tiempo de traslado y afecta su calidad de vida. Municipios como Apodaca, Escobedo y García son los más perjudicados, ya que muchos de sus habitantes deben viajar a Monterrey para trabajar, perdiendo hasta tres horas diarias en el transporte.
El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha reconocido el problema, pero las soluciones parecen avanzar lentamente. Aunque se han invertido recursos históricos en la compra de camiones, la falta de operadores sigue limitando los beneficios de estas adquisiciones. Villarreal ha mencionado que se están implementando programas de capacitación, incluyendo la incorporación de mujeres al sector, pero los resultados aún no son suficientes.
Otro factor que agrava la crisis es la burocracia en los trámites para nuevos choferes. Aspirantes a operadores enfrentan demoras de hasta tres meses para obtener documentos esenciales, como la Carta de No Antecedentes Penales, lo que desincentiva a muchos y los lleva a buscar otras opciones laborales. Esta ineficiencia administrativa ha sido señalada como un sabotaje a los esfuerzos por mejorar la movilidad.
La situación también ha generado críticas desde el Congreso local. Diputados han exigido al gobierno estatal mejorar las condiciones laborales de los choferes para revertir el déficit. Proponen incentivos como mejores salarios y beneficios, como guarderías, para atraer a más personas al sector del transporte público.
La falta de choferes no es el único problema. Más de la mitad de la flotilla de camiones nuevos enfrenta fallas mecánicas o está en mantenimiento, lo que reduce aún más la capacidad del sistema. Esto ha llevado a propuestas de aumento en las tarifas del transporte, una medida que ha generado rechazo entre los ciudadanos, quienes exigen un servicio eficiente antes de aceptar mayores costos.
La crisis de movilidad en Nuevo León también tiene un impacto económico. La pérdida de horas-hombre debido a los largos traslados afecta la productividad de los trabajadores, lo que representa un desafío para un estado que se promociona como el motor económico de México. La falta de acción efectiva para resolver este problema pone en riesgo la competitividad de la región.
A pesar de las promesas de campaña de Samuel García de solucionar la crisis de movilidad, los avances son insuficientes. La ciudadanía sigue enfrentando un sistema de transporte público ineficiente, con filas interminables y unidades escasas. La reestructuración de rutas y la llegada de más camiones no han sido suficientes sin los operadores necesarios para ponerlos en marcha.
La presión sobre el gobierno estatal crece. Senadores y legisladores locales han exhortado a las autoridades a actuar con urgencia, proponiendo un Plan Integral de Movilidad Urbana que aborde no solo la falta de choferes, sino también la infraestructura y la seguridad vial. Mientras tanto, los habitantes de Nuevo León siguen esperando soluciones que mejoren su día a día.