El Congreso de la Ciudad de México ha levantado la voz para exigir al Senado de la República que tome medidas firmes contra la propuesta de un impuesto del 5 por ciento a las remesas enviadas desde Estados Unidos. Esta iniciativa, impulsada por legisladores republicanos en el Congreso estadounidense, ha generado una fuerte controversia por su impacto directo en los bolsillos de millones de mexicanos que trabajan arduamente en el extranjero.
La propuesta, que forma parte de un proyecto de reforma fiscal en Estados Unidos, busca gravar las transferencias de dinero que realizan los migrantes, afectando especialmente a quienes envían recursos a sus familias en México. Desde la capital mexicana, los legisladores locales han calificado esta medida como injusta y discriminatoria, argumentando que atenta contra el esfuerzo de los mexicanos que contribuyen a la economía de ambos países.
El diputado migrante Raúl Torres, del PAN, fue uno de los más críticos al respecto. En un enérgico pronunciamiento, destacó que las remesas son el resultado del trabajo honesto de millones de mexicanos en Estados Unidos, quienes a menudo laboran en condiciones extenuantes para apoyar a sus seres queridos. Torres subrayó que gravar estos envíos no solo es un golpe económico, sino una afrenta a la dignidad de los migrantes.
En 2024, México recibió cerca de 65 mil millones de dólares en remesas, una cifra que representa el 3.5 por ciento del PIB nacional. Estos recursos son vitales para millones de familias, especialmente en comunidades rurales, donde el dinero se destina a necesidades básicas como alimentación, salud y educación. La propuesta estadounidense, de aprobarse, podría reducir significativamente el monto que llega a los hogares mexicanos.
El Congreso capitalino ha instado al Senado mexicano a fortalecer su postura en Washington, donde una comitiva de legisladores ya se encuentra dialogando con congresistas estadounidenses. La meta es clara: frenar esta iniciativa que, según los legisladores locales, no solo afecta a México, sino que también contradice los principios de cooperación económica entre ambos países.
La discusión en Estados Unidos no ha sido sencilla. Aunque el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó avanzar con la propuesta, una coalición de demócratas y algunos republicanos logró posponer la votación. Este respiro temporal ha dado esperanza a quienes se oponen al impuesto, pero la batalla legislativa está lejos de terminar.
El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, también ha rechazado categóricamente la medida. La presidenta ha señalado que los migrantes ya pagan impuestos en Estados Unidos, por lo que un gravamen adicional representaría una doble tributación. Sheinbaum ha exhortado a los mexicanos en el extranjero a manifestarse enviando cartas y mensajes a los congresistas estadounidenses.
La postura del Congreso de la Ciudad de México refleja la preocupación de un país que ve en las remesas un pilar económico y social. Los legisladores locales han pedido al gobierno capitalino emitir un pronunciamiento oficial, sumándose al esfuerzo nacional para proteger los derechos de los migrantes y garantizar que sus esfuerzos no sean castigados con impuestos injustos.
Este debate pone en evidencia la importancia de las remesas para México, un país que se mantiene como el segundo receptor mundial de estos recursos. La presión de los legisladores mexicanos, tanto en el ámbito local como nacional, busca enviar un mensaje claro: los migrantes no están solos, y México defenderá su contribución hasta las últimas consecuencias.