Un grupo de 24 congresistas hispanos del Caucus Hispano en el Congreso de Estados Unidos alzó la voz contra la propuesta republicana de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes. Esta medida, impulsada por legisladores cercanos al presidente Donald Trump, busca gravar los envíos de dinero al extranjero, afectando directamente a millones de familias en América Latina que dependen de estos recursos para subsistir.
La propuesta forma parte del paquete fiscal conocido como “El Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, que incluye recortes fiscales y medidas de seguridad fronteriza. Sin embargo, el impuesto a las remesas ha generado un rechazo unánime entre los congresistas latinos, quienes lo consideran un ataque directo a las comunidades migrantes. Argumentan que este gravamen no solo perjudica a las familias, sino que también podría agravar la migración irregular, contrario a los objetivos declarados por los republicanos.
En 2023, América Latina y el Caribe recibieron más de 160,900 millones de dólares en remesas, siendo México el principal receptor con 65,100 millones. Países como Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Colombia también dependen en gran medida de estos flujos económicos. Los congresistas hispanos subrayaron que estas transferencias son esenciales para la estabilidad económica de las familias y las comunidades en la región.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sumó al rechazo, calificando el impuesto como una injusticia y una traición a los valores estadounidenses. Según Sheinbaum, esta medida es discriminatoria y viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994. La mandataria destacó que los migrantes ya pagan impuestos en Estados Unidos, por lo que un nuevo gravamen sería una doble carga tributaria.
Los congresistas latinos advirtieron que el impuesto no solo afectaría a las familias migrantes, sino que también podría tener consecuencias económicas negativas para Estados Unidos. Al reducir el poder adquisitivo de los migrantes, se limitaría el consumo en el país, impactando sectores como el comercio y los servicios. Además, señalaron que esta medida podría incentivar el uso de canales informales para enviar dinero, lo que dificultaría la regulación y el control de estas transferencias.
El debate sobre el impuesto a las remesas se intensificó tras la aprobación inicial de la propuesta en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el pasado 16 de mayo, un grupo de republicanos conservadores bloqueó el avance del proyecto en el Comité de Presupuesto, argumentando que aumentaría el déficit fiscal. Esta decisión dio un respiro temporal a los opositores del impuesto, aunque la discusión continúa en el Congreso.
México ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para frenar esta iniciativa. El canciller Juan Ramón de la Fuente encabeza una delegación de senadores mexicanos que viajó a Washington para dialogar con legisladores estadounidenses. La comitiva incluye a representantes de Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT, reflejando un frente unido contra la propuesta.
La oposición al impuesto también ha encontrado eco en organizaciones de migrantes y expertos económicos. Activistas como Teresa Tejada, de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles, han advertido que el gravamen podría ser una catástrofe para las economías de Centroamérica, donde las remesas representan entre el 20% y el 30% del PIB en países como Honduras, Guatemala y El Salvador.
A pesar del rechazo, los republicanos insisten en revivir la propuesta, con una votación inusual realizada el domingo 18 de mayo. Aunque se lograron algunos avances en las negociaciones, el futuro del impuesto sigue siendo incierto. Los congresistas latinos y el gobierno mexicano han reiterado su compromiso de luchar contra esta medida, que consideran un golpe directo a las familias trabajadoras.
El impacto de un impuesto a las remesas no se limitaría a los migrantes indocumentados, ya que también afectaría a residentes permanentes y trabajadores con visas. Los congresistas hispanos han instado al Congreso de Estados Unidos a reconsiderar esta política, argumentando que no solo es fiscalmente imprudente, sino que también contradice los valores de una nación construida por inmigrantes.