La reciente iniciativa presentada por Morena para reformar la Ley de Telecomunicaciones ha encendido las alarmas en el país. Lo que parecía un simple ajuste legislativo escondía un propósito mucho más oscuro: otorgar al gobierno facultades ilimitadas para controlar y censurar contenidos en internet. Esta maniobra, que fue frenada gracias a la rápida reacción de la oposición, revela las intenciones de un régimen que parece dispuesto a todo para consolidar su poder.
El artículo 109 de la mencionada ley, redactado de manera ambigua, habría permitido al gobierno de Claudia Sheinbaum y a las dependencias de la autoproclamada Cuarta Transformación eliminar cualquier contenido digital que consideren “inconveniente”. Desde publicaciones en redes sociales hasta artículos de prensa, todo podría haber quedado bajo la vigilancia y el control del Estado. La falta de claridad en la redacción no era un error, sino una estrategia para pasar desapercibida.
El senador Ricardo Anaya, junto con su equipo, fue quien destapó este intento de censura. Su denuncia, que se volvió viral en redes, obligó al gobierno a dar un paso atrás y anunciar una “pausa” en la iniciativa. Este término, inexistente en los protocolos legislativos, es una muestra más de las prácticas improvisadas y convenencieras que han caracterizado al gobierno de Morena desde los tiempos de López Obrador.
Si esta reforma hubiera avanzado, México habría ingresado al grupo de países con controles estrictos sobre el ciberespacio, como China, Irán o Venezuela. En estos lugares, las leyes mordaza restringen la libertad de expresión, prohíben críticas a los funcionarios públicos y criminalizan el anonimato en línea. La libertad de prensa y el derecho a la información habrían quedado gravemente comprometidos en el país.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) también levantó la voz, advirtiendo que esta iniciativa violaba compromisos internacionales asumidos por México en el T-MEC. Las consecuencias no serían solo internas: el país podría enfrentar sanciones económicas, como nuevos aranceles por parte de Estados Unidos y Canadá. Este tipo de errores legislativos no son casuales; son pasos calculados hacia un control autoritario.
La reacción de la oposición fue clave para frenar este intento de censura, pero el episodio deja claro que Morena no descansa en su afán por consolidar el poder. La alianza entre el partido gobernante y sus aliados, como el PRI en algunos casos, ha facilitado reformas que debilitan las instituciones democráticas, como la reciente reforma judicial que ha sido señalada como un paso hacia la dictadura.
Este no es un caso aislado. La retórica del gobierno, cargada de promesas vacías, busca distraer a la población mientras se implementan medidas que limitan derechos fundamentales. La vigilancia del tráfico en internet, el bloqueo de aplicaciones y la censura de medios digitales son herramientas que cualquier régimen autoritario necesita para mantenerse en el poder.
El episodio de la Ley de Telecomunicaciones es un recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana. Mientras Morena siga en el poder, este tipo de iniciativas seguirán apareciendo, disfrazadas de errores o descuidos. La libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia, está en riesgo, y solo la presión social y la acción de legisladores atentos pueden evitar que México caiga en una dictadura digital.
La ciudadanía debe mantenerse alerta ante estas maniobras. Los intentos por controlar el ciberespacio no cesarán, y cada “pausa” anunciada por el gobierno es solo una estrategia para ganar tiempo y volver a intentarlo. México merece un gobierno que respete las libertades, no que las pisotee en nombre de un supuesto bienestar.
El camino hacia el autoritarismo se construye con pequeños pasos como este. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde permitirá la sociedad que avance Morena en su afán por controlar cada aspecto de la vida pública? El futuro de la democracia está en juego, y este episodio es solo un atisbo de lo que podría venir.