Al menos 60 migrantes se han declarado culpables por ingresar ilegalmente a zonas militares recién establecidas en la frontera entre Estados Unidos y México. Estas áreas, designadas como parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para reforzar el control migratorio, han generado controversia por su enfoque militarizado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que las condenas se registraron hasta el 19 de mayo en el condado de El Paso, Texas. Los migrantes enfrentaron cargos por traspasar una zona militar, un delito que conlleva penas más severas que las sanciones civiles por ingreso indocumentado al país.
La fiscal interina para el Distrito Oeste de Texas, Margaret Leachman, señaló que estas condenas representan un avance en los esfuerzos para disuadir la migración ilegal. Sin embargo, la medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que consideran que criminaliza a personas en busca de mejores condiciones de vida.
En las últimas semanas, el Pentágono asumió el control de dos franjas fronterizas clave. Una de ellas, conocida como la Reserva Roosevelt, abarca 274 kilómetros en Nuevo México. La otra, de 101 kilómetros, se extiende a lo largo del Río Grande, en los condados de El Paso y Hudspeth, Texas.
Estas zonas, ahora bajo jurisdicción militar, permiten a los soldados estadounidenses detener a migrantes, una tarea que normalmente está prohibida para el ejército en territorio no militar. La estrategia busca fortalecer la seguridad fronteriza, pero ha generado cuestionamientos legales y éticos.
El número de migrantes declarados culpables pudo haber sido mayor. La semana pasada, dos jueces federales desestimaron cargos contra más de 100 personas, argumentando irregularidades en los procesos. Esto ha avivado el debate sobre la legalidad de estas detenciones.
La militarización de la frontera forma parte de la agenda del gobierno de Trump para reducir los cruces ilegales. Sin embargo, críticos advierten que esta política no aborda las causas estructurales de la migración, como la violencia y la pobreza en los países de origen.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado preocupación por el impacto de estas medidas. Aseguran que la criminalización de los cruces fronterizos podría agravar la situación de vulnerabilidad de estas personas, sin ofrecer soluciones reales al fenómeno migratorio.
La creación de estas zonas militares se suma a otras acciones del gobierno estadounidense, como el aumento de tropas en la frontera y la construcción de barreras físicas. Estas medidas reflejan un enfoque más duro hacia la migración, que sigue siendo un tema polarizante en el país.
El caso de los 60 migrantes declarados culpables pone en evidencia las tensiones en la frontera sur de Estados Unidos. Mientras las autoridades buscan reforzar el control, miles de personas continúan arriesgando todo en busca de un futuro mejor.