La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un nuevo desafío en su administración: el combate al crimen organizado. En una reciente declaración, la mandataria aseguró que su gobierno no negociará con delincuentes, enfocándose en atender las causas de la inseguridad y mantener una política de cero impunidad. Estas palabras llegan en un contexto donde la violencia en estados como Sinaloa y Guanajuato no da tregua, poniendo a prueba su estrategia de seguridad.
El diputado Arturo Ávila, vocero de Morena, expresó su respaldo a Sheinbaum, destacando que su administración ya muestra resultados. Según Ávila, en los primeros 100 días de gobierno se ha registrado una disminución del 16.3% en homicidios dolosos, un dato que busca reforzar la percepción de avances en materia de seguridad. Sin embargo, estas cifras contrastan con la realidad que viven miles de mexicanos en regiones afectadas por el narcotráfico.
La estrategia de Sheinbaum se centra en la prevención, con programas sociales dirigidos a jóvenes para alejarlos del crimen organizado. La presidenta ha insistido en que la pobreza y la falta de oportunidades son las raíces de la delincuencia, por lo que su gobierno impulsa iniciativas como pensiones y apoyos educativos. No obstante, críticos señalan que estas medidas son insuficientes frente a la magnitud del problema.
En estados como Sinaloa, la violencia desatada por pugnas entre cárteles ha dejado cientos de víctimas. La captura de líderes criminales, como Ismael “El Mayo” Zambada, no ha frenado los enfrentamientos, lo que genera cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones federales. La población exige resultados concretos, mientras el gobierno insiste en que la pacificación llevará tiempo.
Por otro lado, Sheinbaum ha rechazado propuestas controversiales, como la del diputado Manuel Espino, quien sugirió dialogar con los cárteles para pacificar el país. La presidenta fue tajante al afirmar que no habrá negociaciones con criminales, una postura que ha generado apoyo, pero también escepticismo entre quienes dudan de la capacidad del gobierno para controlar la situación.
La relación con Estados Unidos también juega un papel clave. Sheinbaum ha pedido a Washington asumir su responsabilidad en el tráfico de armas y drogas, argumentando que el crimen organizado es un problema binacional. La mandataria ha destacado detenciones de ciudadanos estadounidenses ligados al narcotráfico, señalando que la distribución de fentanilo en el vecino país también debe ser abordada.
Mientras tanto, la oposición no baja la guardia. Figuras como Rubén Moreira, del PRI, han acusado al gobierno de manipular datos sobre la violencia, eliminando información valiosa de reportes oficiales. Esta crítica pone en duda la transparencia de la administración y alimenta la percepción de que los avances en seguridad son más discurso que realidad.
El respaldo de Morena a Sheinbaum es innegable, pero las expectativas son altas. La presidenta enfrenta el reto de demostrar que su estrategia no solo es diferente a la de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, sino que puede entregar resultados tangibles. La ciudadanía, cansada de promesas, espera acciones que devuelvan la tranquilidad a las calles.
A medida que la violencia persiste, el tiempo apremia para Sheinbaum. Su compromiso de combatir al crimen organizado sin concesiones será puesto a prueba en los próximos meses. La pregunta que todos se hacen es si logrará cumplir sus promesas o si México seguirá atrapado en la espiral de inseguridad.