El municipio de Naucalpan, en el Estado de México, se encuentra bajo el escrutinio público tras revelaciones que apuntan a serias irregularidades en la gestión de recursos públicos. El actual presidente municipal, Isaac Montoya, ha destapado un caso que involucra más de 23 millones de pesos destinados a obras de rehabilitación que, según una auditoría, nunca se llevaron a cabo. Estas acusaciones recaen sobre la administración anterior, encabezada por la panista Angélica Moya, y han encendido las alarmas sobre posibles actos de corrupción en el municipio.
La auditoría, realizada durante los primeros cuatro meses de la gestión de Montoya, reveló que los fondos asignados para proyectos de infraestructura, que debían beneficiar a los habitantes de Naucalpan, fueron pagados sin que las obras fueran ejecutadas. Este hallazgo ha sido calificado por el alcalde como un claro ejemplo de corrupción, asegurando que su gobierno no tolerará la impunidad. La gravedad de las acusaciones pone en entredicho la transparencia con la que se manejaron los recursos en la administración pasada.
Isaac Montoya, perteneciente a Morena, ha hecho de este caso un estandarte de su gestión, prometiendo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Según sus declaraciones, las obras inexistentes abarcan diversos proyectos de rehabilitación que, en papel, estaban concluidos y pagados, pero en la realidad nunca se materializaron. Este tipo de irregularidades no solo afectan la confianza de los ciudadanos, sino que también privan a la comunidad de mejoras esenciales en infraestructura.
El caso ha generado reacciones encontradas entre los habitantes de Naucalpan. Mientras algunos respaldan la postura de Montoya, exigiendo justicia y transparencia, otros piden que las investigaciones sean imparciales y no se utilicen como herramienta política. La polarización en el municipio es evidente, y la ciudadanía espera que las autoridades competentes, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tomen cartas en el asunto para determinar responsabilidades.
Además de este caso, la administración de Montoya ha destacado por otras acciones, como el retiro de 417 cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por grupos del crimen organizado. Estas medidas buscan reforzar la seguridad en el municipio, aunque el tema de las obras fantasma sigue siendo el centro de atención. La promesa de combatir la corrupción se ha convertido en un pilar de la narrativa del gobierno local, pero los resultados concretos aún están por verse.
La situación en Naucalpan no es un caso aislado en el Estado de México, donde otros municipios han enfrentado señalamientos similares. La gestión de recursos públicos sigue siendo un tema sensible, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones está desgastada. Los habitantes de Naucalpan, como en muchas otras regiones, demandan cuentas claras y un uso responsable de los recursos que les pertenecen.
El impacto de estas revelaciones podría tener consecuencias más allá de Naucalpan, alimentando el debate sobre la rendición de cuentas en los gobiernos municipales. Mientras la investigación avanza, la presión sobre las autoridades crece, y la ciudadanía permanece atenta a los pasos que dará la administración de Montoya para garantizar que no haya impunidad en este caso.
El panorama en Naucalpan refleja los retos que enfrentan los gobiernos locales en materia de transparencia y combate a la corrupción. La auditoría presentada por Montoya es solo el primer paso en un proceso que, de manejarse correctamente, podría sentar un precedente para otras administraciones. Por ahora, los ojos están puestos en este municipio, donde las promesas de justicia buscan devolver la confianza a una población cansada de irregularidades.