El Instituto Electoral de la Ciudad de México organizará esta jornada, donde los capitalinos elegirán a jueces, magistrados y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. Serán nueve boletas distintas, distribuidas en 11 distritos electorales, para garantizar un proceso ordenado y accesible.
Desde el 7 al 31 de enero, miles de aspirantes se inscribieron para competir por estos cargos. Los comités de evaluación, integrados por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya concluyeron la selección de candidatos idóneos, un paso crucial para avanzar hacia la votación.
Las campañas electorales arrancaron el 30 de marzo y se extenderán hasta el 28 de mayo, con un periodo de reflexión del 29 al 31 de mayo. Durante estos 60 días, los candidatos presentarán sus propuestas, financiando sus propias campañas con topes que varían según el cargo, desde 220 mil pesos para jueces hasta 1.4 millones para magistrados.
El 1 de junio, las casillas abrirán de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los ciudadanos emitirán su voto en una urna única, diseñada para agilizar el proceso. Cada elector elegirá a sus candidatos preferidos según las indicaciones de las boletas, que incluyen opciones por género para garantizar paridad.
Tras el cierre de casillas, los cómputos distritales se realizarán del 1 al 10 de junio. El Instituto Electoral de la Ciudad de México supervisará este proceso, sumando los votos para determinar a los ganadores, quienes asumirán cargos esenciales en la impartición de justicia.
Entre los 133 cargos, destacan cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 33 magistraturas en materias como civil, penal y familiar, y 95 juzgados locales. Este diseño busca cubrir las necesidades judiciales de la capital de manera integral.
La elección incluye un enfoque de paridad de género, con boletas que especifican cuántos hombres y mujeres deben elegirse. Por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina Judicial, se elegirán tres mujeres y dos hombres, reflejando un compromiso con la equidad.
Este proceso responde a la reforma constitucional que promueve la democratización del Poder Judicial. La participación ciudadana será clave para definir quiénes impartirán justicia en temas que impactan la vida diaria de los capitalinos, desde casos civiles hasta justicia para adolescentes.
La Ciudad de México se convierte así en pionera de un modelo que podría redefinir la justicia en el país. El 1 de junio de 2025 marcará un hito en la historia política y judicial de la capital, con la ciudadanía como protagonista.