La violencia en Guanajuato no da tregua. En la madrugada del domingo, un comando armado irrumpió en la comunidad de San Bartolo de Berrios, en el municipio de San Felipe, y asesinó a siete personas. Los responsables dejaron un mensaje firmado por el Cártel Santa Rosa de Lima, adjudicándose el brutal ataque.
El multihomicidio ocurrió en un domicilio donde las víctimas, identificadas como José, Jesús, Diego, Luis, Carlos, Ángel y una persona más sin identificar, se encontraban reunidas. Según reportes preliminares, los agresores dispararon de manera indiscriminada, sin dejar oportunidad de defensa a los presentes.
Las autoridades locales confirmaron que los cuerpos fueron hallados con impactos de bala y que el mensaje dejado en el lugar apunta a un ajuste de cuentas. El Cártel Santa Rosa de Lima, conocido por su disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha intensificado sus acciones violentas en la región.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya inició las investigaciones, pero hasta el momento no se reportan detenidos. La escena del crimen fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, mientras los peritos recababan evidencias.
San Felipe, un municipio que había registrado relativa calma en comparación con otras zonas de Guanajuato, se suma ahora a la lista de lugares afectados por la ola de violencia. En lo que va de 2025, el estado ha sido escenario de múltiples masacres, muchas atribuidas a la guerra entre cárteles.
El gobierno estatal, encabezado por Libia García, ha sido criticado por su incapacidad para frenar la escalada de inseguridad. A pesar de los operativos conjuntos con fuerzas federales, los resultados siguen siendo insuficientes para devolver la paz a la población.
Organizaciones civiles y ciudadanos han alzado la voz, exigiendo medidas más efectivas contra el crimen organizado. La presencia de cárteles en Guanajuato ha generado un clima de miedo, donde las comunidades viven bajo la constante amenaza de nuevos ataques.
Este nuevo episodio de violencia pone en evidencia la fragilidad de la estrategia de seguridad en el estado. Mientras los cárteles continúan operando con impunidad, las familias de las víctimas claman justicia en un contexto donde la tranquilidad parece cada vez más lejana.