En un nuevo capítulo de tensiones políticas en Chihuahua, el regidor Miguel Riggs ha sido exonerado por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) tras ser acusado de violencia política de género contra la síndica Olivia Franco. La resolución ha desatado polémica, ya que la síndica anunció que impugnará la decisión, alegando irregularidades en el proceso.
El conflicto se remonta a una sesión virtual del ayuntamiento, donde Riggs, según Franco, emitió comentarios ofensivos. La síndica presentó una denuncia formal, argumentando que las expresiones constituían violencia política de género, un delito grave en el contexto electoral mexicano.
El TEE, tras revisar el caso, determinó que no había pruebas suficientes para acreditar la acusación. En particular, un audio presentado como evidencia fue descartado por falta de autenticidad, según el tribunal. Esta decisión ha generado críticas entre sectores que consideran que el fallo minimiza la gravedad de las acusaciones.
Olivia Franco, visiblemente inconforme, declaró que llevará el caso a instancias superiores. Su equipo legal sostiene que el audio descartado sí refleja el tono despectivo de Riggs y que su autenticidad fue cuestionada sin fundamentos sólidos. La síndica insiste en que no permitirá que el asunto quede impune.
Por su parte, Miguel Riggs celebró la resolución, afirmando que siempre ha actuado con respeto y que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio en su contra. El regidor, conocido por su trayectoria polémica, acusó a sus detractores de manipular el caso para dañar su imagen.
El enfrentamiento ha polarizado al ayuntamiento de Chihuahua. Algunos regidores han expresado su apoyo a Franco, mientras que otros consideran que el caso se ha politizado en exceso. La ciudadanía, por su parte, observa con interés cómo se desarrollará esta disputa en los tribunales.
La impugnación anunciada por Franco podría escalar el conflicto a nivel nacional, ya que el tema de la violencia política de género es especialmente sensible en el contexto electoral. Organizaciones feministas han manifestado su respaldo a la síndica, exigiendo una revisión exhaustiva del caso.
Mientras tanto, el ambiente político en Chihuahua se tensa. La resolución del TEE y la posible apelación de Franco prometen mantener este caso en el centro de la atención pública, en un momento donde la transparencia y la equidad en la política local están bajo escrutinio.
El desenlace de esta controversia dependerá de las próximas decisiones judiciales. Por ahora, la pugna entre Riggs y Franco refleja las profundas divisiones en el ayuntamiento y el desafío de abordar acusaciones de violencia política en el ámbito municipal.