En el Estado de México, el tan anunciado decálogo del gobierno estatal para transformar la entidad se queda corto. A más de un año de su presentación, los avances son mínimos y la ciudadanía sigue esperando resultados concretos. La estrategia, que prometía abordar problemas estructurales, parece más un discurso político que un plan efectivo.
Uno de los puntos clave del decálogo era mejorar la seguridad pública. Sin embargo, la violencia no cede. Los índices de delitos como extorsión, homicidios y feminicidios siguen siendo alarmantes. En municipios del sur, la presencia de grupos criminales continúa afectando la vida diaria de los habitantes, mientras las autoridades locales parecen incapaces de contener la situación.
La infraestructura también fue una promesa destacada. Se habló de modernizar carreteras, transporte público y servicios básicos. Pero las vialidades siguen en mal estado, el transporte público es caótico y muchas comunidades carecen de acceso a agua potable. Los proyectos anunciados con bombo y platillo permanecen en el papel, sin fechas claras de ejecución.
En materia de salud, el decálogo aseguraba fortalecer el sistema estatal. No obstante, los hospitales públicos enfrentan desabasto de medicamentos y carencias en equipo médico. Los ciudadanos deben gastar de su bolsillo para cubrir necesidades básicas de atención, mientras las clínicas rurales permanecen en el abandono.
La educación, otro pilar del plan, no muestra mejoras significativas. Las escuelas públicas carecen de recursos, los maestros enfrentan condiciones precarias y los programas para reducir el rezago educativo no han despegado. La brecha entre las promesas y la realidad es cada vez más evidente.
El combate a la corrupción, un tema recurrente en el discurso oficial, también se ha quedado en palabras. A pesar de las denuncias sobre malos manejos en administraciones municipales, pocos casos han sido investigados a fondo. La impunidad sigue siendo la norma, y los responsables de saquear recursos públicos rara vez enfrentan consecuencias.
En el ámbito económico, el decálogo prometía impulsar el empleo y apoyar a las pequeñas empresas. Sin embargo, la recuperación tras la pandemia ha sido lenta. Los mercados locales luchan por sobrevivir, y los apoyos gubernamentales son insuficientes o simplemente no llegan a quienes más los necesitan.
La participación ciudadana, que se anunció como un eje central, brilla por su ausencia. Las consultas públicas son escasas, y las decisiones importantes se toman sin considerar la voz de la población. Esto ha generado un creciente desencanto entre los mexiquenses, que ven el decálogo como una lista de buenas intenciones sin impacto real.
El gobierno estatal insiste en que los resultados llegarán con el tiempo. Pero la paciencia de la ciudadanía se agota. Cada día sin cambios tangibles refuerza la percepción de que el decálogo es solo un espejismo político, diseñado más para ganar titulares que para resolver los problemas de fondo.
Mientras tanto, los retos del Estado de México crecen. La inseguridad, la pobreza y la falta de servicios básicos no esperan. La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo pasará el decálogo de las promesas a los hechos?