Una propuesta legislativa busca transformar la seguridad de los docentes en Nuevo León. La diputada Reyna Celeste Ascencio, de Morena, presentó una iniciativa que promete atención psicológica y protocolos claros para enfrentar la violencia contra maestros en las escuelas. La medida surge tras un alarmante aumento de agresiones por parte de padres de familia y alumnos.
La iniciativa plantea reformar la Ley de Educación del estado. Entre los cambios, destaca la obligación de las escuelas de implementar estrategias que garanticen un entorno seguro. Los maestros, señala la propuesta, deben contar con herramientas legales y psicológicas para enfrentar situaciones de violencia sin temor a represalias.
Ascencio subrayó que los docentes son víctimas frecuentes de agresiones físicas y verbales. En muchos casos, estas situaciones no se denuncian por miedo o falta de apoyo institucional. La diputada criticó la inacción de las autoridades educativas, que, según ella, no han abordado el problema con la seriedad que merece.
La propuesta incluye la creación de protocolos específicos. Estos guiarían a los maestros para actuar ante agresiones, desde insultos hasta ataques físicos. Además, se busca que las escuelas tengan personal capacitado para identificar y canalizar casos de violencia, evitando que escalen.
Un punto clave es la atención psicológica. La iniciativa exige que los docentes tengan acceso a apoyo emocional tras enfrentar agresiones. Esto, según Ascencio, es fundamental para proteger su bienestar mental y evitar el abandono de la profesión por miedo o estrés.
La legisladora también propuso que los maestros puedan denunciar agresiones directamente ante el Ministerio Público. Esto les daría mayor respaldo legal y evitaría que los casos queden en la impunidad. La medida busca empoderar a los docentes frente a un sistema que, según la diputada, los ha dejado desprotegidos.
Críticos de la iniciativa, sin embargo, cuestionan su implementación. Algunos señalan que las escuelas carecen de recursos para contratar psicólogos o capacitar al personal. Otros piden que las reformas incluyan sanciones más duras para los agresores, algo que la propuesta no detalla.
A pesar de las críticas, la iniciativa ha generado debate en el Congreso local. Organizaciones de maestros han aplaudido la medida, pero exigen que no quede solo en papel. La discusión en el pleno será clave para determinar si Nuevo León da un paso firme contra la violencia escolar.
El panorama para los docentes sigue siendo complicado. Mientras las agresiones persisten, la propuesta de Ascencio busca ser un primer paso para proteger a quienes forman a las nuevas generaciones. La presión está ahora en las autoridades para actuar con rapidez y eficacia.
La iniciativa refleja un problema estructural en el sistema educativo. La violencia contra maestros no es solo un tema de Nuevo León, sino un desafío nacional que requiere atención urgente. Por ahora, los ojos están puestos en el Congreso y en las decisiones que tomará.