La movilidad en Monterrey enfrenta una crisis sin precedentes. Un déficit del 50% de choferes de transporte público ha dejado a miles de ciudadanos varados, con tiempos de espera que superan la hora en rutas clave. La falta de operadores ha reducido drásticamente la frecuencia de los camiones, afectando la calidad de vida de los regiomontanos.
El problema no es nuevo, pero se ha agravado en los últimos meses. Según transportistas, la escasez de choferes se debe a condiciones laborales poco atractivas, como jornadas extensas y salarios que no compensan el esfuerzo. Muchos operadores han abandonado el sector en busca de mejores oportunidades, dejando un vacío difícil de llenar.
El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha reconocido el problema, pero las soluciones propuestas no han dado resultados inmediatos. La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana asegura que se trabaja en incentivar la contratación de nuevos choferes, pero los ciudadanos siguen enfrentando un sistema de transporte colapsado.
La falta de choferes también ha impactado la economía local. Empresas reportan pérdidas por la impuntualidad de sus empleados, quienes dependen del transporte público para llegar a sus trabajos. En algunos casos, las compañías han tenido que invertir en transporte privado, un gasto que no todas pueden asumir.
Las rutas más afectadas son las que conectan la zona metropolitana con municipios como Ciénega de Flores y Zuazua. Los habitantes de estas áreas enfrentan trayectos de hasta cuatro horas diarias, lo que reduce su tiempo para la familia y el descanso. La situación ha generado protestas entre los usuarios, quienes exigen soluciones urgentes.
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) ha intentado mitigar la crisis con medidas como la contratación de operadores en Santa Catarina y la incorporación de nuevas unidades. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para cubrir la demanda. La capacitación de nuevos choferes lleva tiempo, y los resultados no se verán a corto plazo.
La ciudadanía critica la falta de planeación del gobierno estatal. Aunque se han invertido millones de pesos en proyectos de movilidad, como la ampliación del metro, el transporte público sigue siendo ineficiente. Los regiomontanos sienten que sus necesidades no son prioridad para las autoridades.
La crisis también ha puesto en evidencia la dependencia de Monterrey en el automóvil. Con un transporte público limitado, muchos optan por usar vehículos privados, lo que aumenta el tráfico y la contaminación. El gobierno ha prometido reducir el uso del auto para 2027, pero sin choferes suficientes, este objetivo parece inalcanzable.
Mientras tanto, los usuarios del transporte público enfrentan un panorama desalentador. La espera en paradas abarrotadas y la incertidumbre sobre los horarios son parte de su rutina diaria. La falta de choferes no solo es un problema logístico, sino un reflejo de las carencias en la gestión de la movilidad regia.
La situación exige medidas inmediatas. Sin una estrategia clara para atraer y retener choferes, Monterrey seguirá atrapada en una crisis que afecta a todos sus habitantes. La movilidad es un derecho, y los regiomontanos merecen un sistema de transporte digno y eficiente.