Un nuevo capítulo de impunidad sacude a Jalisco. Las auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) no han logrado castigar a los funcionarios responsables de millonarios desfalcos en el Congreso local. A pesar de las evidencias de irregularidades en el uso de recursos públicos, los responsables siguen sin enfrentar consecuencias.
Entre 2009 y 2018, las revisiones detectaron anomalías por cientos de millones de pesos en el manejo de presupuestos del Poder Legislativo. Sin embargo, las sanciones brillan por su ausencia. Los exfuncionarios señalados, incluyendo a figuras de administraciones pasadas, han evadido la justicia gracias a suspensiones legales y decisiones políticas.
En 2018, los diputados locales desecharon observaciones clave sobre las cuentas públicas de 2011 y 2012. Esta decisión eximió de responsabilidad a exfuncionarios como José Manuel Correa, Ernesto Díaz Márquez y Enrique Carlos Trejo Orozco, quienes ocuparon cargos clave durante la LIX Legislatura. Los señalamientos incluían omisiones graves en el manejo de recursos.
El Sistema Estatal de Fiscalización, que debería coordinar esfuerzos entre la ASEJ, la Contraloría de Jalisco y los órganos de control interno, sigue sin operar plenamente. Un amparo pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha frenado su implementación, dejando un vacío en la lucha contra la corrupción.
Las auditorías han revelado desvíos por 281.3 millones de pesos en 2009 y 113.9 millones en 2010. A pesar de estos hallazgos, los procesos administrativos se han estancado. Las suspensiones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa han impedido que se finquen responsabilidades claras.
Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, titular de la ASEJ, insiste en que se han fortalecido los mecanismos de vigilancia interna. Sin embargo, la falta de auditorías externas independientes pone en duda la efectividad de estas medidas. La ciudadanía sigue esperando resultados concretos.
La diputada Mirza Flores Gómez ha denunciado desde 2019 irregularidades en la ASEJ, incluyendo cobros indebidos y la presencia de “aviadores”. Aunque sus señalamientos generaron promesas de reforma, los avances son mínimos. La Unidad de Vigilancia del Congreso, encargada de supervisar a la ASEJ, sigue sin cumplir su función.
La opacidad en el manejo de recursos públicos en Jalisco no es un tema nuevo. Los escándalos en el Congreso local se acumulan, pero la falta de voluntad política y los obstáculos legales han creado un entorno de impunidad que beneficia a los responsables.
Mientras los ciudadanos exigen transparencia, el sistema anticorrupción en Jalisco enfrenta críticas por su ineficacia. La ausencia de sanciones a funcionarios corruptos refuerza la percepción de que en el estado, el robo de recursos públicos queda sin castigo.