La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua ha denunciado una grave omisión por parte de las autoridades estatales en la atención al desplazamiento forzado interno, un problema que afecta a miles de personas en la entidad. Según el organismo, el gobierno ha fallado en implementar medidas efectivas para proteger a las víctimas de la violencia, dejando a comunidades enteras en la indefensión.
El desplazamiento forzado en Chihuahua, especialmente en regiones como la Sierra Tarahumara, está impulsado por la violencia generada por grupos criminales que disputan el control de territorios clave. La CEDH señala que, a pesar de los reportes y las evidencias presentadas, las autoridades no han actuado con la rapidez ni la eficacia necesarias para garantizar la seguridad de las personas afectadas.
En su informe más reciente, la CEDH documentó que en 2024 se atendieron a 606 víctimas de desplazamiento forzado solo en el municipio de Guadalupe y Calvo. Estas personas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades indígenas, se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a enfrentamientos entre grupos armados. La falta de respuesta estatal ha agravado su situación.
Las víctimas han denunciado que, además de perder sus hogares, enfrentan condiciones de precariedad extrema. Muchas familias han sido reubicadas en zonas urbanas sin acceso a servicios básicos, empleo o apoyo psicológico. La CEDH critica que las autoridades no han establecido un plan integral para atender estas necesidades urgentes.
Otro punto alarmante es la ausencia de justicia para las víctimas. Según la CEDH, las investigaciones sobre los delitos que originan los desplazamientos, como homicidios, amenazas y despojos, avanzan con lentitud o presentan irregularidades. Esto perpetúa la impunidad y envía un mensaje de indiferencia a las comunidades afectadas.
La CEDH también ha señalado que el gobierno estatal no ha cumplido con las recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Estas organizaciones han instado a Chihuahua a fortalecer sus políticas de protección a desplazados.
Las comunidades desplazadas, incluidas las rarámuri y ódami, han exigido ser escuchadas. En un reciente encuentro en la capital del estado, representantes de estas comunidades denunciaron que no pueden regresar a sus lugares de origen debido a la persistente inseguridad. Sus testimonios reflejan una profunda frustración ante la inacción gubernamental.
El organismo autónomo ha hecho un llamado urgente al gobierno de Chihuahua para que asuma su responsabilidad y diseñe políticas públicas efectivas. La CEDH insiste en que se requiere un registro estatal de personas desplazadas, así como programas de atención integral que garanticen su seguridad, vivienda y acceso a la justicia.
La situación en Chihuahua no es un caso aislado, pero la magnitud del problema en la entidad destaca por su gravedad. La región del Triángulo Dorado, que abarca partes de Chihuahua, Sinaloa y Durango, sigue siendo un foco de violencia que desplaza a familias enteras, sin que las autoridades logren contener esta crisis.
La CEDH ha advertido que, sin una intervención decidida, el desplazamiento forzado continuará creciendo, profundizando las violaciones a los derechos humanos en el estado. La omisión de las autoridades, según el organismo, no solo agrava el sufrimiento de las víctimas, sino que pone en entredicho la capacidad del gobierno para proteger a su población.