Un soldado estadounidense, identificado como el sargento de Estado Mayor Juan Gabriel Orona-Rodríguez, fue liberado bajo fianza tras ser detenido en una redada masiva de la DEA en Colorado Springs. El operativo, que tuvo lugar el 27 de abril de 2025, destapó un club nocturno clandestino donde se incautaron drogas y armas, y se detuvo a más de 100 personas, muchas de ellas migrantes indocumentados.
Orona-Rodríguez, asignado a la base militar de Fort Carson, enfrenta graves acusaciones por distribución de cocaína. Según documentos judiciales, el sargento vendió cocaína a un agente encubierto de la DEA días antes de la redada, lo que desencadenó su arresto. La investigación apunta a que el militar obtenía la droga de un ciudadano mexicano indocumentado, lo que ha generado controversia.
El club nocturno, conocido como Warike, operaba sin licencia y estaba bajo vigilancia por meses debido a actividades ilegales, incluyendo tráfico de drogas, prostitución y crímenes violentos. Durante el operativo, que involucró a más de 300 agentes de diversas agencias, se confiscaron cocaína, metanfetaminas y armas de fuego, evidenciando la magnitud del problema.
Entre los presentes en el club había 17 soldados en servicio activo, 16 de ellos de Fort Carson. Orona-Rodríguez, quien aparentemente lideraba una empresa de seguridad armada que trabajaba en el lugar, fue el único militar acusado formalmente hasta ahora. Su rol en la compañía, Immortal Security LLC, también está bajo escrutinio.
La denuncia penal revela que el sargento no solo distribuía cocaína, sino que también podría estar involucrado en el tráfico ilegal de armas, incluyendo cargadores de alta capacidad. Mensajes de texto encontrados en su teléfono muestran meses de presuntas actividades de narcotráfico, lo que agrava su situación legal.
El caso ha generado revuelo en Estados Unidos, especialmente tras la difusión de un video de la redada por el presidente Donald Trump en Truth Social. Trump calificó el operativo como un golpe contra “traficantes de drogas y criminales violentos”, destacando la detención de migrantes indocumentados en el lugar.
Orona-Rodríguez compareció ante un juez federal en Denver, donde se le asignó un defensor público. Aunque fue liberado bajo fianza, permanecerá bajo estricta supervisión hasta su próxima audiencia. El juez determinará si continúa en libertad o enfrenta detención preventiva mientras avanza el proceso.
La investigación, liderada por la DEA, el FBI y la División de Investigación Criminal del Ejército, sigue en curso. Las autoridades sospechan que otros empleados de Immortal Security podrían estar involucrados en actividades ilícitas, lo que podría destapar una red más amplia de corrupción y crimen.
Este escándalo pone en el ojo del huracán a Fort Carson y plantea serias preguntas sobre la supervisión de los militares en actividades fuera de servicio. La presencia de soldados en un lugar ligado al crimen organizado ha generado críticas hacia las fuerzas armadas estadounidenses.
El caso de Orona-Rodríguez es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las autoridades para combatir el narcotráfico y la corrupción, especialmente en un contexto donde la seguridad fronteriza y la migración son temas candentes en el debate público estadounidense.