En Chihuahua, la construcción de nuevas gasolineras ha desatado una controversia que pone en jaque la legalidad y la planeación urbana. Según la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las estaciones de servicio deben respetar una distancia mínima de 1,200 metros entre sí, pero recientes proyectos ignoran esta norma. La falta de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal agrava el problema, dejando a los ciudadanos sin claridad sobre quién regula estas construcciones.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Armando Gutiérrez Cuevas, ha levantado la voz. Criticó que los criterios para autorizar gasolineras varían según el nivel de gobierno, generando confusión y decisiones contradictorias. Hace 20 años, el Sistema de Apertura Rápida de Empresa (SARE) buscaba agilizar trámites unificando requisitos, pero hoy esa estrategia parece olvidada. Gutiérrez insiste en la necesidad de retomar ventanillas únicas para garantizar transparencia.
Por su parte, el Reglamento para la Operación y Construcción de Estaciones de Servicio en el Municipio de Chihuahua establece normas claras. Las gasolineras deben garantizar seguridad, higiene y comodidad, respetando el Plan Director Urbano. Sin embargo, casos recientes muestran estaciones construidas a solo 200 metros de otras, violando flagrantemente la normativa estatal. Esto pone en riesgo no solo la planeación urbana, sino también la seguridad de los habitantes.
El secretario de Desarrollo Urbano Estatal, Gabriel Valdez, advirtió que la reforma energética dejó al estado sin herramientas para regular estas construcciones. Según Valdez, los municipios con menos capacidad administrativa son los más vulnerables a este descontrol. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente otorga permisos federales que, en muchos casos, pasan por encima de las leyes locales, complicando aún más el panorama.
En el municipio, las autoridades han intentado justificar estas construcciones. Argumentan que los permisos federales tienen prioridad sobre las normas locales, lo que limita su capacidad de intervención. Dos solicitudes de uso de suelo, presentadas en octubre de 2024 y enero de 2025, han sido aprobadas para predios distintos, a pesar de las quejas ciudadanas. La opacidad en estos procesos ha generado desconfianza entre los habitantes.
Rosa Carmona Carmona, regidora del PRI y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, señaló que el caso aún no llega al cabildo. Sin embargo, la existencia de permisos federales parece allanar el camino para estas construcciones, dejando poco margen de maniobra a las autoridades locales. Carmona enfatizó que el municipio debe actuar con transparencia, pero las decisiones ya tomadas a nivel federal complican el escenario.
La proliferación de gasolineras también preocupa por su impacto económico. En marzo, se reportó que cada estación vende en promedio 315 mil litros de combustible al mes, pero la saturación de estas instalaciones podría afectar los márgenes de ganancia. Empresarios locales han expresado que la falta de regulación clara desincentiva la inversión responsable y fomenta prácticas desleales.
Gutiérrez Cuevas propuso que los cabildos, el Congreso del Estado y la Cámara de la Unión trabajen en un rediseño normativo. Este esfuerzo buscaría agilizar trámites y garantizar que las leyes se cumplan en todos los niveles. Sin embargo, reconoció que los gobiernos suelen enfocarse en temas reactivos, dejando de lado estrategias que impulsen el desarrollo económico sostenible.
El caso de las gasolineras en Chihuahua refleja un problema más amplio: la desconexión entre los distintos niveles de gobierno. Mientras las autoridades no alineen sus criterios, los ciudadanos seguirán enfrentando los riesgos de una planeación urbana desordenada. La exigencia de cumplir la ley resuena, pero la solución parece estar lejos de alcanzarse.
La ciudadanía observa con preocupación cómo las decisiones federales chocan con las necesidades locales. La falta de una estrategia unificada no solo afecta la seguridad y la economía, sino también la confianza en las instituciones. En Chihuahua, el debate sobre las gasolineras apenas comienza, pero ya deja claro que sin cambios urgentes, el descontrol continuará.