El Departamento de Justicia de Estados Unidos está considerando retirar los cargos penales contra Boeing, a pesar de que la empresa admitió haber engañado a los reguladores sobre su modelo 737 Max, involucrado en dos accidentes que dejaron 346 muertos. Esta decisión ha generado una fuerte controversia, especialmente entre las familias de las víctimas.
Los accidentes ocurrieron en 2018 y 2019, frente a las costas de Indonesia y en Etiopía, cuando dos aviones 737 Max se estrellaron por fallos en el sistema de control de vuelo MCAS. Boeing ocultó información clave a la Administración Federal de Aviación, lo que permitió que el avión fuera certificado como seguro.
En 2021, Boeing llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para evitar un juicio penal. La empresa pagó 2,500 millones de dólares y prometió mejorar sus prácticas de seguridad. Sin embargo, en 2024, se determinó que Boeing incumplió este acuerdo, lo que reabrió la posibilidad de un proceso judicial.
A pesar de esto, los fiscales ahora evalúan un nuevo acuerdo que eximiría a Boeing de enfrentar un juicio. Según documentos judiciales, la empresa podría pagar 444.5 millones de dólares adicionales a un fondo para las víctimas, dividido equitativamente entre las familias afectadas.
Las familias de las víctimas han calificado esta propuesta como una afrenta moral. Abogados como Sanjiv Singh, que representa a varias familias, han criticado duramente la posibilidad de que Boeing evada consecuencias penales, calificándola como una bofetada a la justicia.
El juez federal Reed O’Connor, encargado del caso, había ordenado que el juicio comenzara el 23 de junio en Texas. Sin embargo, este nuevo acuerdo podría anular esa decisión, permitiendo a Boeing evitar el escrutinio público de un proceso penal.
La controversia se intensifica porque Boeing es un gigante aeroespacial y uno de los mayores contratistas de defensa de Estados Unidos. Un fallo penal podría limitar su capacidad para obtener contratos gubernamentales, lo que algunos consideran un factor en la decisión del Departamento de Justicia.
Las familias de las víctimas han prometido impugnar esta medida judicialmente. Durante años, han exigido un juicio público y castigos más severos para los responsables de los fallos que llevaron a la tragedia.
Este caso ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas de grandes corporaciones. Mientras Boeing busca restaurar su reputación, las familias afectadas continúan su lucha por justicia, señalando que el dinero no puede compensar las vidas perdidas.
La decisión final del Departamento de Justicia aún está pendiente, y el mundo observa cómo se resolverá este capítulo de uno de los mayores escándalos de la industria aeronáutica.