La presidenta Claudia Sheinbaum ha vuelto a encender la polémica al invitar a la ciudadanía a participar en la elección judicial del próximo 1 de junio de 2025. Desde Chihuahua, la mandataria destacó la importancia de este proceso, asegurando que busca un Poder Judicial libre de corrupción. Sin embargo, sus palabras han levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta reforma.
La elección, que permitirá a los ciudadanos votar por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, es presentada por el gobierno como un ejercicio histórico. Sheinbaum insiste en que el objetivo es garantizar que la justicia no favorezca a los ricos ni perpetúe la impunidad. Pero críticos advierten que este proceso podría ser una maniobra para consolidar el control de Morena sobre el Poder Judicial.
En Chihuahua, el proceso electoral está en marcha, pero no sin complicaciones. Se instalarán menos casillas de las habituales, lo que podría dificultar la participación. Además, los votantes recibirán múltiples boletas, lo que hará que el proceso sea largo y confuso. En la capital del estado, por ejemplo, cada persona deberá llenar hasta 13 boletas con cerca de 50 números de candidatos.
La complejidad del sistema ha generado críticas. Analistas señalan que la falta de información clara sobre los candidatos y las restricciones en su promoción dificultan que los ciudadanos tomen decisiones informadas. Encuestas revelan que, aunque un 70% de la población sabe de la elección, más de la mitad desconoce la fecha exacta, y solo un 16% está seguro de votar.
El Instituto Nacional Electoral ha enfrentado problemas para organizar este ejercicio. La renuncia de la secretaria ejecutiva del INE y la falta de candidatos suficientes en las primeras etapas del proceso han puesto en duda su viabilidad. Incluso se propuso posponer la elección, pero el gobierno de Sheinbaum se mantuvo firme en la fecha original.
En el caso de Chihuahua, el proceso local también está bajo escrutinio. El Congreso estatal debe decidir si la mitad de los jueces locales se elegirán en 2025 o si todos lo harán en 2027, coincidiendo con elecciones federales y locales. Esto podría saturar a los votantes, quienes además de elegir jueces, votarían por diputados, senadores, alcaldes y gobernador.
Organizaciones como Ficosec han intentado involucrarse, logrando que 267 candidatos al Poder Judicial firmen compromisos de transparencia. Sin embargo, la falta de claridad en la legislación secundaria y la politización del proceso generan incertidumbre. Muchos temen que la elección termine siendo dominada por las bases de Morena, dejando de lado a los votantes independientes.
Sheinbaum ha defendido la reforma como una forma de democratizar la justicia, pero sus detractores la acusan de usar un discurso populista para debilitar la autonomía judicial. La baja participación esperada, que podría rondar el 20% del padrón electoral, pone en riesgo la legitimidad de este ejercicio. México enfrenta un momento crucial, y el futuro del Poder Judicial está en juego.
Mientras la presidenta recorre el país promoviendo esta elección, la ciudadanía se pregunta si realmente se trata de un cambio para combatir la corrupción o si es un paso más hacia la centralización del poder. El 1 de junio será un día decisivo, pero la falta de claridad y las críticas al proceso no auguran un camino fácil.