La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, para entregar escrituras de propiedad comunal a comunidades indígenas. El evento, realizado en el Centro Deportivo Juventud 2000, marcó un momento que el gobierno federal calificó como histórico. Sin embargo, las promesas de justicia para los pueblos originarios llegan en medio de cuestionamientos sobre su impacto real.
Durante la ceremonia, Sheinbaum firmó dos decretos que reconocen tierras como propiedad comunal tradicional. El primero otorga 502 hectáreas del predio Rancho Las Agujas a la comunidad Ódami, en Mesa Colorada. El segundo entrega 317 hectáreas a la comunidad rarámuri de Mogótavo, adquiridas a través del Programa de Atención a Conflictos Agrarios. Estas acciones forman parte del Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara.
El capitán general de Baborigame, Carlos Rivas Herrera, agradeció la presencia de la presidenta, destacándola como la primera autoridad federal en visitar la zona. Sin embargo, la entrega de tierras ocurre en un contexto de violencia y desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara. Comunidades cercanas, como Santa Tulita y Cinco Llagas, enfrentan una crisis constante debido a enfrentamientos entre grupos criminales.
El Plan de Justicia, iniciado en 2021, busca reparar agravios históricos a los pueblos indígenas mediante la restitución de tierras y el acceso a servicios básicos. Según el gobierno, este programa dialoga con 348 comunidades en 17 municipios de Chihuahua. Pero las críticas no se han hecho esperar: algunos señalan que estas entregas son más un acto mediático que una solución estructural.
La visita presidencial también puso en evidencia las condiciones precarias de la región. La carretera que conecta Guadalupe y Calvo con Baborigame, de 69 kilómetros, está en mal estado, con tierra suelta y baches que complican los traslados. La falta de señal satelital agrava la situación, dejando a los habitantes vulnerables ante emergencias.
Organizaciones locales y la Diócesis de la Tarahumara han exigido al gobierno federal escuchar el clamor de las comunidades afectadas por la violencia. Desde 2021, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en alianza con La Línea, disputan el control de la zona. Esta guerra ha generado fronteras violentas y desplazamientos masivos, una realidad que el evento de Sheinbaum no abordó directamente.
La entrega de escrituras fue acompañada por una ceremonia cultural, con música tradicional que dio la bienvenida a la presidenta. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas resaltó la inversión de 4,720 millones de pesos en el Plan de Justicia. Sin embargo, persisten dudas sobre si estos recursos llegarán realmente a las comunidades más necesitadas o se perderán en la burocracia.
Mientras el gobierno celebra este acto como un paso hacia la justicia social, la Sierra Tarahumara sigue atrapada en una crisis de inseguridad y abandono. Las tierras restituidas son un avance, pero insuficiente frente a los desafíos estructurales que enfrentan los pueblos Ódami y rarámuri. La pregunta sigue en el aire: ¿es este un verdadero cambio o solo un reflector más para la administración de Morena?