En un caso que ha conmocionado a Estados Unidos, Adriana Smith, una enfermera de 30 años y madre de un niño pequeño, fue declarada con muerte cerebral en febrero de 2025 tras sufrir una emergencia médica. La mujer, que estaba embarazada de nueve semanas, permanece conectada a soporte vital en un hospital de Georgia. La razón: una estricta ley antiaborto que obliga a mantener su cuerpo con vida para preservar el embarazo.
La tragedia comenzó cuando Smith acudió al Hospital Northside de Atlanta por fuertes dolores de cabeza. Tras recibir medicación y ser dada de alta, su estado empeoró. Al día siguiente, su pareja la encontró en un estado crítico y fue trasladada de urgencia. Los médicos confirmaron la muerte cerebral, pero el hospital decidió no desconectarla, argumentando que la ley de Georgia prohíbe interrumpir un embarazo una vez que se detecta actividad cardíaca fetal, generalmente alrededor de la sexta semana.
La ley, aprobada en 2019 y reforzada tras la anulación de Roe vs. Wade en 2022, otorga al feto derechos de persona. Esto ha generado un vacío legal en casos como el de Smith, donde la paciente está legalmente muerta, pero su cuerpo debe mantenerse funcionando para el desarrollo del feto. Actualmente, el embarazo está en la semana 21, y la fecha probable de parto aún está a meses de distancia.
La familia de Smith, encabezada por su madre, April Newkirk, ha expresado su dolor y frustración. Newkirk aseguró que la decisión de mantener a su hija con soporte vital no fue consultada con ellos. La madre describió la situación como una pesadilla, destacando que el feto podría nacer con discapacidades graves, como ceguera o problemas motores, o incluso no sobrevivir al parto.
El caso ha reavivado el debate sobre las leyes antiaborto en Estados Unidos. Algunos expertos, como Lois Shepherd, bioética de la Universidad de Virginia, señalan que la legislación no está preparada para situaciones tan extremas. Shepherd cuestiona si la ley obliga realmente a los hospitales a tomar estas medidas o si el temor a sanciones legales lleva a decisiones conservadoras.
En el ámbito médico, prolongar un embarazo en una mujer con muerte cerebral es extremadamente raro. Un estudio de 2021, dirigido por el doctor Vincenzo Berghella, documentó solo 35 casos similares en décadas. En promedio, estos embarazos se extendieron por siete semanas, pero el caso de Smith ya lleva tres meses, lo que aumenta los riesgos de complicaciones como infecciones o fallos orgánicos.
Organizaciones como SisterSong, que ha demandado la ley de Georgia, han calificado la situación como una revictimización de la familia. Monica Simpson, directora de la organización, señaló que los seres queridos de Smith merecían tener voz en una decisión tan personal. La falta de autonomía familiar ha generado críticas hacia el sistema legal y médico.
Mientras tanto, la familia enfrenta un calvario emocional y financiero. El pequeño hijo de Smith, de cinco años, ha presenciado el deterioro de su madre, cuyo cuerpo permanece conectado a máquinas. Los costos médicos se acumulan, y no está claro si el seguro cubrirá una situación tan prolongada y compleja.
El caso ha llegado a las esferas políticas. Nabilah Islam Parkes, diputada estatal demócrata, envió una carta al fiscal general de Georgia solicitando un dictamen jurídico sobre la aplicación de la ley en estos casos. Sin embargo, hasta ahora, no hay una resolución clara que ofrezca alivio a la familia o establezca un precedente legal.
La situación de Adriana Smith pone en el centro del debate preguntas éticas, legales y médicas. Mientras Georgia y otros estados con leyes similares enfrentan estas controversias, el caso subraya las complejidades de legislar sobre el aborto y los derechos del feto en circunstancias excepcionales.