Donald Trump firmó esta orden ejecutiva el 20 de enero, en su primer día de su segundo mandato. El decreto prohíbe al gobierno federal emitir pasaportes o certificados de ciudadanía a niños nacidos de madres que estén en el país de forma ilegal o temporal, siempre que el padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente. Esto incluye a hijos de personas con visas de estudiante, trabajo o turismo.
La ciudadanía por nacimiento está protegida por la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, vigente desde 1868. Esta enmienda establece que toda persona nacida en territorio de Estados Unidos es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La orden de Trump desafía este principio, generando un intenso debate legal.
El estudio del Migration Policy Institute advierte que, de implementarse, la medida aumentaría la población indocumentada en 2.7 millones para 2045 y en 5.4 millones para 2075. Además, crearía una subclase de residentes nacidos en Estados Unidos sin derechos ciudadanos, lo que podría generar tensiones sociales y económicas a largo plazo.
Tres jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington bloquearon temporalmente la orden, considerándola inconstitucional. La administración Trump apeló ante la Corte Suprema, que el 15 de mayo escuchó argumentos sobre si los tribunales inferiores tienen autoridad para suspender la medida a nivel nacional. La decisión final se espera para junio o julio.
La medida también afectaría a hijos de inmigrantes legales con estatus temporal, como estudiantes o trabajadores de empresas tecnológicas. Esto ha generado críticas de organizaciones de derechos civiles, que argumentan que la orden es un ataque a los principios fundamentales de la Constitución estadounidense.
El llamado “turismo de nacimiento”, usado como justificación por los defensores de la medida, es poco común. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, solo 9 mil de los 3.6 millones de nacimientos anuales en Estados Unidos son de madres extranjeras no residentes.
Fuera de la Corte Suprema, cientos de manifestantes, incluyendo figuras como la ex presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, defendieron la ciudadanía por nacimiento como un derecho constitucional. Organizaciones como CASA destacan que negar la ciudadanía a recién nacidos podría dejarlos en un limbo legal, sin un país al que ser deportados.
Expertos legales coinciden en que Trump no puede eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva, ya que requeriría una enmienda constitucional aprobada por dos tercios del Congreso y tres cuartas partes de los estados. Sin embargo, la mayoría conservadora en la Corte Suprema genera incertidumbre sobre el resultado.
La discusión también aborda si los tribunales inferiores pueden emitir bloqueos nacionales a órdenes presidenciales. La administración Trump argumenta que estas suspensiones son inconstitucionales, lo que podría limitar el poder judicial para frenar futuras políticas migratorias.