El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, ha admitido finalmente la presencia de cárteles del narcotráfico en su estado, luego de que un informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) expusiera la operación de grupos criminales en la entidad. La declaración llega después de años de negaciones por parte de su administración y la de su predecesor, Omar Fayad, quienes minimizaron la actividad delictiva.
El informe de la DEA, publicado en su Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas 2025, señala que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste tienen operaciones activas en Hidalgo. Estos grupos no solo se dedican al tráfico de drogas, sino también al robo de combustible, extorsión y lavado de dinero, actividades que han golpeado la economía local y nacional.
Menchaca, visiblemente acorralado por las revelaciones, afirmó que “no se puede tapar el sol con un dedo”. Sin embargo, intentó desviar la atención al cuestionar los motivos de la DEA, sugiriendo que el gobierno de Donald Trump debería enfocarse en el consumo de drogas en Estados Unidos en lugar de señalar a México. Esta respuesta ha generado críticas por su falta de autocrítica.
El gobernador aseguró que su administración revisará los datos del informe junto a su gabinete de seguridad, liderado por Guillermo Olivares Reyna. No obstante, su reconocimiento llega tarde, tras múltiples incidentes de violencia en Hidalgo, como homicidios y el reciente descubrimiento de un narcolaboratorio en Acaxochitlán, donde se decomisaron más de seis kilogramos de metanfetamina.
Hidalgo, conocido por ser uno de los estados con mayor número de tomas clandestinas de combustible, ha sido un punto clave para el huachicol, una actividad que, según la DEA, financia las operaciones de los cárteles. Menchaca admitió que los ductos de Pemex que atraviesan más de 20 municipios han facilitado este delito, pero no ofreció soluciones concretas.
El informe de la DEA también detalla que el CJNG opera laboratorios clandestinos en Hidalgo para producir fentanilo y metanfetamina, lo que agrava la crisis de drogas sintéticas en la región. Además, los cárteles han diversificado sus actividades, incluyendo esquemas de extorsión y fraudes inmobiliarios, afectando a la población local.
A pesar de las evidencias, Menchaca pidió a los medios de comunicación no difundir noticias sobre el crimen organizado, argumentando que esto “infunde miedo” en la sociedad. Esta solicitud ha sido vista como un intento de controlar el daño a su imagen, mientras la inseguridad sigue siendo una preocupación en el estado.
El gobernador destacó que Hidalgo se encuentra entre los cinco estados más seguros del país, según datos oficiales, y presumió detenciones recientes de presuntos criminales. Sin embargo, la ciudadanía cuestiona la efectividad de estas acciones ante la creciente presencia del narco en la entidad.
Menchaca también respaldó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha pedido a Estados Unidos asumir su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico. No obstante, esta postura no ha calmado las críticas locales, que exigen resultados tangibles en materia de seguridad.
La admisión de Menchaca marca un punto de inflexión en su gestión, pero también pone en entredicho su capacidad para enfrentar al crimen organizado. La población de Hidalgo espera que las promesas de acción se traduzcan en medidas efectivas para frenar la influencia de los cárteles en la región.