El gobierno de Estados Unidos habría cancelado la visa de turista a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, según reveló el semanario Zeta. La decisión estaría relacionada con su orden de detener las excavaciones de fosas clandestinas en el Cañón de las Carretas, un hecho que ha generado controversia.
Además, Carlos Torres, esposo de la gobernadora, también enfrenta problemas. Fuentes del Departamento de Estado confirmaron que se le investiga por posibles delitos de lavado de dinero y conspiración. La gravedad de las acusaciones no termina ahí, ya que su hermano, Luis Alfonso Torres, también estaría bajo investigación.
En México, los hermanos Torres enfrentan señalamientos por presuntos delitos como evasión fiscal, corrupción, huachicoleo, daño a la nación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República inició una investigación por huachicol en Ensenada desde marzo pasado.
El caso de Carlos Torres comenzó a complicarse cuando le revocaron su tarjeta Sentri, un programa que permite cruces fronterizos preferentes tras exhaustivas revisiones de antecedentes. La cancelación ocurrió mediante una notificación digital, según fuentes del Departamento de Estado.
Posteriormente, cerca del 30 de abril, Torres llegó a la Garita Internacional de Tijuana en San Ysidro. Ahí, un oficial de la Custom and Border Patrol recibió una alerta para retirarle la visa de no migrante y destruirla. Este hecho marcó un punto crítico en el caso.
La gobernadora también perdió su tarjeta Sentri, un movimiento que se suma a las tensiones con las autoridades estadounidenses. La cancelación de estos permisos refleja la seriedad de las investigaciones en curso, tanto en México como en Estados Unidos.
Las excavaciones en el Cañón de las Carretas, donde se encontraron fosas clandestinas, fueron un tema sensible. La orden de detenerlas, atribuida a Marina del Pilar, ha sido señalada como el motivo principal de la acción de Estados Unidos contra su visa.
Este caso pone en el centro del debate la actuación de las autoridades morenistas en Baja California. Las acusaciones de corrupción y vínculos con actividades ilícitas generan dudas sobre la transparencia en el gobierno estatal.
La investigación sigue en curso, tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades no han emitido declaraciones oficiales, pero el impacto de estas revelaciones ya resuena en el ámbito político y social.
Mientras tanto, la gobernadora y su esposo enfrentan un panorama complicado. Las consecuencias de estas acusaciones podrían extenderse más allá de la cancelación de visas, afectando la imagen y la gestión del gobierno de Baja California.