En el oscuro mundo del crimen colombiano, Diego Marín, un exmiembro del cártel de Cali, logró evadir la justicia durante años. Este presunto contrabandista construyó un imperio de lavado de dinero que operaba en cuatro continentes. Su éxito no fue solo por su astucia, sino por un aliado inesperado: la propia DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.
José Irizarry, un agente especial de la DEA, se convirtió en la pieza clave para Marín. Contratado en 2009 a pesar de no pasar una prueba de polígrafo, Irizarry llegó a Cartagena, Colombia, en 2011. Allí conoció a Marín, identificado públicamente como un importante contrabandista por la policía colombiana. Lo que comenzó como una relación profesional pronto se convirtió en un pacto corrupto.
En 2013, Irizarry registró a Marín como informante de la DEA. A cambio de pagos, el agente protegía las operaciones del contrabandista. Irizarry facilitaba transferencias encubiertas a socios de Marín, aseguraba el paso seguro de contenedores llenos de contrabando e incluso engañaba a otras agencias federales para desviar las investigaciones. Su influencia permitió que el negocio de Marín creciera sin freno.
El imperio de Marín generaba hasta 100 millones de dólares al año, según el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Sus operaciones incluían el contrabando de licor, cigarrillos y ropa, que se vendían en los populares “San Andresitos” de Colombia, mercados informales que ofrecían productos a bajo costo. Todo esto ocurría mientras la DEA, supuestamente, lo tenía en la mira como objetivo prioritario.
En 2016, Irizarry intentó evitar que las autoridades colombianas confiscaran un contenedor de Marín con 3 millones de dólares en mercancía ilegal. Declaró falsamente que el envío era parte de una operación encubierta de la DEA. Este acto descarado llevó a su expulsión de Colombia por el embajador estadounidense. Sin embargo, las consecuencias tardaron en llegar.
No fue hasta 2020 cuando Irizarry enfrentó la justicia. Se declaró culpable de 19 cargos de lavado de dinero y ahora cumple una condena de más de 12 años en una prisión federal. En una entrevista, admitió su error, pero señaló que no actuó solo: “La acusación me pinta como el agente corrupto, pero no menciona al resto de la DEA. No fui la mente maestra”.
Mientras tanto, Marín también enfrentó su caída. En 2024, fue detenido en España por una orden de arresto colombiana. Se le acusa de sobornar a funcionarios públicos para facilitar el paso de contenedores, algunos provenientes de China. Su detención marca el fin de una era para el contrabandista que, durante años, operó bajo la protección de un sistema corrupto.
La investigación de este caso, basada en entrevistas y documentos del Departamento de Justicia, revela fallos graves en la supervisión de la DEA. La agencia permitió que un agente corrupto manipulara sus herramientas sin control, mientras un criminal expandía su red. Este escándalo expone cómo la falta de vigilancia interna puede socavar la lucha contra el crimen organizado.
El caso de Marín e Irizarry no es solo una historia de traición y corrupción. Es un recordatorio de cómo las instituciones encargadas de combatir el crimen pueden ser infiltradas y manipuladas. Mientras la DEA se enfrenta a estas revelaciones, queda la pregunta: ¿cómo pudo un agente corrupto operar durante tanto tiempo sin ser detectado?