La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que la elección judicial del próximo 1 de junio será un parteaguas para México, pero sus palabras suenan vacías frente a un Poder Judicial plagado de corrupción. Durante un evento en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, la mandataria afirmó que la justicia en el país no ha sido igual para todos, señalando que los ricos siempre han tenido ventaja mientras los pobres quedan desamparados.
Sheinbaum, fiel al discurso de Morena, acusó al Poder Judicial de estar corrompido y de favorecer a los poderosos. Según ella, la elección popular de jueces, magistrados y ministros acabará con estas desigualdades. Pero, ¿es esto realmente una solución o solo una maniobra para consolidar el control del gobierno sobre otro poder del Estado? La promesa de un sistema más justo suena atractiva, pero las dudas sobre la transparencia del proceso crecen.
En su visita a Guadalupe y Calvo, la presidenta se dirigió al pueblo rarámuri, invitándolos a participar en la votación que, según ella, transformará la impartición de justicia. Sin embargo, no explicó cómo se garantizará que los candidatos sean independientes y no estén ligados a los intereses de Morena o de otros grupos de poder. La falta de claridad en el proceso solo alimenta las sospechas de que esta reforma busca más control que justicia.
El evento en Chihuahua también sirvió para que Sheinbaum presumiera el llamado Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara, una iniciativa que promete atender las necesidades de las comunidades indígenas. Sin embargo, estos planes suelen quedarse en buenas intenciones, mientras las comunidades siguen enfrentando marginación y olvido. Las promesas de campaña de Morena parecen repetirse, pero los resultados concretos brillan por su ausencia.
La elección judicial ha generado una fuerte controversia. Mientras Sheinbaum asegura que es un ejercicio democrático, críticos advierten que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. La posibilidad de que jueces y ministros sean elegidos por voto popular podría abrir la puerta a la politización de la justicia, con candidatos más preocupados por ganar popularidad que por garantizar imparcialidad.
Además, la presidenta no abordó las críticas sobre el proceso de selección de candidatos. Más de 18 mil personas se registraron para participar, pero no hay garantías de que los perfiles sean idóneos. La opacidad en la depuración de aspirantes y la falta de un mecanismo claro para evitar conflictos de interés solo refuerzan las sospechas de que esta elección podría ser manipulada.
Sheinbaum también evadió hablar sobre las campañas en redes sociales que llaman a no votar en la elección judicial. Estas iniciativas reflejan el hartazgo de una ciudadanía que no confía en las intenciones del gobierno. En lugar de responder a estas preocupaciones, la mandataria optó por repetir su narrativa de que la Cuarta Transformación traerá justicia para todos, un discurso que suena cada vez más desgastado.
El gobierno de Morena sigue apostando por polarizar a la sociedad, presentando la elección judicial como una lucha entre el pueblo y las élites. Sin embargo, sin un proceso transparente y sin medidas reales para combatir la corrupción, esta reforma podría convertirse en otro capítulo de promesas incumplidas. México merece una justicia verdaderamente imparcial, pero las acciones de Sheinbaum y su partido están lejos de garantizarla.
Mientras la presidenta recorre el país haciendo llamados a la participación, la realidad es que la confianza en las instituciones está por los suelos. La corrupción que ella misma denuncia no desaparecerá solo con discursos grandilocuentes. La elección judicial podría ser una oportunidad para el cambio, pero todo indica que será un nuevo intento de Morena por afianzar su poder.
La ciudadanía, incluida la comunidad rarámuri, merece más que promesas. La justicia no llegará con elecciones populistas, sino con instituciones fuertes, independientes y libres de los intereses de cualquier partido. Por ahora, el sueño de una justicia pareja parece más lejano que nunca.