La presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un nuevo capítulo de su agenda política al firmar un decreto que restituye más de 820 hectáreas a pueblos damí y rarámuri en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. El acto, presentado como un gesto de justicia social, ha levantado cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones detrás de esta decisión.
Según el anuncio oficial, las tierras beneficiarán a comunidades indígenas en regiones clave de la sierra. Sin embargo, críticos señalan que este tipo de medidas suelen venir acompañadas de promesas vacías y falta de seguimiento. La ceremonia, cargada de simbolismo, incluyó la participación de autoridades locales, pero no todos están convencidos de su impacto real.
El gobierno federal, encabezado por Morena, insiste en que esta acción forma parte de la llamada Cuarta Transformación. No obstante, habitantes de la zona han expresado que, más allá de la devolución de tierras, urgen servicios básicos como salud, educación y acceso a agua potable, necesidades que siguen sin resolverse.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, estuvo presente en el evento y destacó la colaboración con el gobierno federal. Sin embargo, algunos sectores locales ven con escepticismo esta alianza, argumentando que podría tratarse de una estrategia para ganar simpatías en un estado gobernado por la oposición.
Voces críticas han señalado que la restitución de tierras, aunque suena bien en el discurso, podría estar más enfocada en generar titulares que en resolver problemas estructurales. La Sierra Tarahumara lleva décadas enfrentando pobreza extrema y abandono, y muchos dudan que esta medida sea suficiente para cambiar la realidad.
Otro punto de controversia es el manejo de los recursos destinados al Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara. Aunque se han anunciado millonarias inversiones, no está claro cómo se distribuirán ni quién supervisará su correcta aplicación, lo que alimenta sospechas de opacidad.
Mientras Sheinbaum celebra este acto como un triunfo de su administración, las comunidades rarámuri y damí siguen esperando soluciones integrales. La falta de infraestructura, el acceso limitado a servicios y la inseguridad en la región son temas que no se resuelven solo con la entrega de tierras.
El evento ha generado opiniones divididas. Para algunos, es un paso hacia la justicia histórica; para otros, no es más que un movimiento político calculado. Lo cierto es que, en un país donde los pueblos indígenas han sido históricamente marginados, cualquier acción debe ir acompañada de resultados concretos.
La pregunta que queda en el aire es si este decreto será un verdadero punto de inflexión o simplemente otro capítulo en la larga lista de promesas incumplidas. Por ahora, la Sierra Tarahumara sigue esperando respuestas reales a sus demandas.