En el corazón de la región centro-sur de Chihuahua, cientos de pequeños productores lecheros enfrentan una crisis que parece no tener fin. La paraestatal Liconsa, encargada de adquirir su leche, acumula un adeudo de 6 millones de pesos, dejando a más de 700 familias al borde del colapso económico. Este incumplimiento no es nuevo, pero la situación se ha agravado en las últimas semanas, desatando la indignación de los afectados.
Los lecheros, que dependen de estos pagos para sostener sus operaciones, denuncian que Liconsa ha fallado en cubrir el subsidio prometido, un componente clave que representa el 36% del precio total por litro de leche. Aunque la paraestatal paga puntualmente los 7.05 pesos del precio base, el subsidio de 4.45 pesos por litro sigue sin llegar, acumulando hasta tres semanas de retraso en algunos casos. Para muchos, esto significa deudas personales y la imposibilidad de adquirir insumos esenciales.
La situación ha llevado a los productores a medidas desesperadas. Hace días, bloquearon la carretera federal 45 y las vías férreas en Saucillo, exigiendo que se les pague lo que se les debe. Sin embargo, las autoridades federales han respondido con promesas vacías. El delegado de Liconsa, Gregorio Chávez, aseguró que se liquidarían las semanas atrasadas, pero hasta ahora solo se ha cubierto una fracción de lo adeudado, dejando a los lecheros en la incertidumbre.
El impacto de este incumplimiento va más allá de los números. Los pequeños productores, muchos de los cuales trabajan en condiciones precarias, enfrentan costos de producción que superan los ingresos que reciben. Los forrajes, medicinas y otros insumos necesarios para mantener a sus vacas no esperan, y los proveedores ya no están dispuestos a dar crédito. Esta presión económica está asfixiando a las familias que dependen de la lechería para sobrevivir.
La raíz del problema, según los afectados, está en las nuevas reglas de operación de Liconsa para 2025. Aunque se incrementó el subsidio de 2.45 a 4.45 pesos por litro, el precio base se redujo de 8.60 a 7.05 pesos, lo que en realidad representa una pérdida neta para los productores. Esta maniobra, lejos de beneficiar al sector, ha complicado aún más su situación, especialmente en un contexto de inflación y aumento en los costos de producción.
Los lecheros también señalan la falta de diálogo con las autoridades federales. Mientras algunos productores han intentado negociar con el gobierno estatal para que sirva de intermediario, las respuestas han sido evasivas. La separación de Liconsa de la extinta Segalmex, envuelta en escándalos de corrupción, parece haber complicado aún más la gestión de los pagos, pero los productores exigen soluciones concretas, no excusas.
En medio de esta crisis, los lecheros han propuesto una solución: unificar el precio de la leche para garantizar un ingreso justo que cubra sus costos. Sin embargo, sus demandas parecen caer en oídos sordos. La falta de acción por parte de Liconsa no solo pone en riesgo la estabilidad de cientos de familias, sino que amenaza con debilitar aún más la producción lechera en Chihuahua, un sector clave para la economía local.
La situación de los pequeños lecheros es un reflejo de los desafíos que enfrentan los productores agrícolas en México. Mientras las autoridades federales presumen programas de apoyo al campo, la realidad en el terreno es muy distinta. Los 6 millones de pesos adeudados son más que un número; son el sustento de comunidades enteras que luchan por mantenerse a flote en un sistema que parece haberles dado la espalda.