La tragedia que enluta a una familia mexicana ha dado un nuevo giro. La Fiscalía de Morelos ha vinculado a proceso a Juan Carlos “N” y Angélica “N”, profesores de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, por el homicidio calificado del menor Erick Leonardo Terán Torbellín, de apenas 13 años. El caso, que ha conmocionado al país, ocurrió durante un campamento en Tlalnepantla, Morelos, el pasado 25 de abril.
Erick, un adolescente lleno de vida, participaba en un campamento organizado por la academia, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Según las investigaciones, el menor sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte. La necropsia reveló un panorama escalofriante: estallamiento de vísceras, hematomas y golpes en todo el cuerpo, evidencias de una violencia brutal.
La madre de Erick, Erika Torbellín, ha denunciado incansablemente las condiciones inhumanas del campamento. Asegura que su hijo fue agredido a patadas y arrastrado por el suelo, mientras los responsables intentaron encubrir los hechos atribuyendo la muerte a un golpe de calor o asma. Estas declaraciones han sido respaldadas por testimonios de otros menores que también denunciaron maltratos.
Las autoridades de Morelos, en colaboración con la Fiscalía del Estado de México, lograron la detención de los profesores el 10 de mayo en Nezahualcóyotl. Durante la audiencia inicial, un juez de control validó la aprehensión y dictó prisión preventiva para ambos, considerando el riesgo de fuga. La audiencia de vinculación a proceso está programada para los próximos días.
El caso ha destapado irregularidades graves en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. La Secretaría de Educación Pública confirmó que el campamento no contaba con los permisos necesarios para realizarse. Además, la institución no presentó la documentación requerida para operar este tipo de actividades fuera de la Ciudad de México.
Erika Torbellín ha interpuesto denuncias tanto en Morelos como en la Ciudad de México, exigiendo justicia para su hijo. La madre describe a Erick como un joven bondadoso, inteligente y sin malicia, cuya vida fue arrancada por la negligencia y crueldad de los responsables. Sus palabras han resonado en redes sociales, generando indignación.
La Fiscalía de Morelos ha reiterado su compromiso con la transparencia y la justicia. El fiscal general, Edgar Maldonado, se reunió con la familia de Erick el 29 de abril, prometiendo una investigación exhaustiva. Sin embargo, la lentitud en las acciones iniciales ha generado críticas sobre la respuesta de las autoridades.
La academia, por su parte, ha negado las acusaciones de maltrato y asegura haber brindado primeros auxilios a Erick. Sin embargo, los testimonios de los menores y las evidencias recabadas apuntan a un patrón de violencia sistemática en el campamento, incluyendo castigos físicos y privación de agua y alimentos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido una investigación profunda sobre el caso. Aunque la indagatoria está en manos de las autoridades estatales, el gobierno federal ha señalado que la Secretaría de Educación Pública participará en las pesquisas para esclarecer los hechos y regular este tipo de instituciones.
La muerte de Erick ha puesto en el centro del debate la seguridad de los menores en actividades extracurriculares. La sociedad exige respuestas y medidas concretas para evitar que tragedias como esta se repitan, mientras la familia de Erick clama por justicia y el peso de la ley contra los responsables.