El canciller Juan Ramón de la Fuente ha levantado la voz contra una propuesta indignante de Estados Unidos que busca imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas enviadas por mexicanos. Esta medida, calificada como absolutamente discriminatoria, representa un nuevo golpe a los bolsillos de millones de migrantes que sostienen a sus familias en México con su esfuerzo diario.
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió una carta contundente a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, firmada por el embajador Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte. En ella, se argumenta que este impuesto es injusto, ya que los migrantes ya pagan impuestos en Estados Unidos y contribuyen significativamente a su economía.
De la Fuente fue claro: este gravamen afectaría a una porción sensible de los connacionales, especialmente a aquellos en situación migratoria irregular. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller destacó que solo el 18 por ciento de los ingresos generados por los migrantes mexicanos se envía como remesas, mientras que el resto se queda en la economía estadounidense.
La propuesta, impulsada por legisladores republicanos y encabezada por el congresista Jason Smith, forma parte de un proyecto de ley que ha generado controversia. México advierte que esta medida no solo es recaudatoria, sino que viola acuerdos tributarios bilaterales, como el convenio de 1994 para evitar la doble imposición.
Roberto Velasco explicó que el gobierno mexicano está preparado para dar una defensa política y legal sólida. La carta enviada el 13 de mayo a los representantes estadounidenses detalla por qué esta iniciativa carece de fundamento y perjudica a una comunidad que ya enfrenta suficientes retos.
El canciller subrayó que los migrantes mexicanos son un pilar para la economía de ambos países. En 2023, las remesas alcanzaron más de 60 mil millones de dólares, un flujo vital para miles de familias mexicanas. Además, se estima que los connacionales contribuyen con el 8 por ciento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos.
La respuesta de México no se queda en palabras. El embajador Moctezuma ha sostenido reuniones con diversos grupos de representantes para exponer la postura del gobierno. La estrategia incluye movilizar recursos legales y diplomáticos para frenar esta medida que castiga a los trabajadores más vulnerables.
Este nuevo capítulo en las relaciones México-Estados Unidos pone en evidencia las tensiones en torno a la migración y el comercio. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum busca proteger los derechos de los mexicanos en el exterior, la propuesta estadounidense amenaza con generar un impacto económico y social profundo.
El canciller De la Fuente insistió en que México no permanecerá de brazos cruzados. La defensa de los migrantes es una prioridad, y el gobierno está dispuesto a agotar todas las vías para evitar que esta medida discriminatoria prospere.