Raymundo Estrada, candidato a magistrado penal en Guanajuato, vive bajo la sombra del miedo tras recibir amenazas que han obligado a las autoridades a otorgarle escoltas federales. Este caso destapa, una vez más, la creciente ola de violencia que azota al estado y pone en jaque la seguridad de quienes buscan impartir justicia.
El candidato, seleccionado para participar en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, se ha convertido en el único aspirante en el estado con protección especial. Las amenazas, cuya naturaleza no ha sido detallada por las autoridades, han encendido las alarmas sobre los riesgos que enfrentan los involucrados en el proceso electoral del Poder Judicial.
Guanajuato, uno de los estados más golpeados por la violencia, registra un promedio diario de homicidios que aumentó un 33.3% entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, según datos oficiales. Este contexto de inseguridad pone en evidencia la fragilidad del sistema de justicia y la falta de medidas efectivas para proteger a sus actores.
La asignación de escoltas federales a Estrada no es un hecho aislado. La violencia en Guanajuato ha escalado a niveles críticos, con cárteles como el Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación disputándose el control del territorio. Operativos recientes han resultado en la detención de presuntos criminales, pero la inseguridad persiste.
El proceso electoral judicial, que busca renovar cargos como jueces y magistrados, se ve empañado por este tipo de incidentes. La intimidación a candidatos refleja el intento de grupos delictivos por influir en las instituciones que deberían combatirlos, generando un clima de temor entre los aspirantes.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, como los operativos coordinados entre la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y la Fiscalía, los resultados son insuficientes. La detención de figuras como Agustín “N”, alias “Logan”, operador del Cártel Santa Rosa de Lima, no ha frenado la violencia que afecta a municipios como Celaya, Cortázar y Villagrán.
La protección a Estrada pone en el reflector la vulnerabilidad de los candidatos al Poder Judicial. Mientras el gobierno federal presume avances en seguridad, los números cuentan otra historia: Guanajuato concentra el 14.4% de los homicidios nacionales en el primer trimestre de 2025, según el Secretariado Ejecutivo.
Este caso no solo cuestiona la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad, sino también su compromiso con un proceso electoral judicial transparente y libre de presiones. La sombra de la delincuencia organizada se cierne sobre Guanajuato, y la justicia sigue siendo uno de sus principales blancos.