En pequeños pueblos de México y Centroamérica, como Cajolá en Guatemala, la vida depende de las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos. Estas transferencias de dinero sostienen negocios, pagan educación y garantizan la supervivencia de miles de familias. Sin embargo, una propuesta republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos busca imponer un impuesto del 5% a estos envíos, una medida que podría devastar comunidades enteras.
La iniciativa, conocida como “El Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley”, fue presentada por el congresista Jason Smith y respaldada por el presidente Donald Trump. Este impuesto afectaría a más de 40 millones de personas, incluyendo migrantes con visas de trabajo, residentes permanentes y aquellos sin documentos. Solo los ciudadanos estadounidenses estarían exentos, lo que ha generado críticas por considerarse discriminatorio.
En México, las remesas son un pilar económico. En 2023, el país recibió 63,300 millones de dólares, un aumento del 7.6% respecto al año anterior, según el Banco Mundial. Estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero dependen especialmente de estos recursos, que representan más del 9% de su PIB local. Un impuesto del 5% reduciría el poder adquisitivo de las familias, afectando desde el comercio local hasta la educación.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado la propuesta como “injusta y discriminatoria”. Durante su conferencia matutina, señaló que los migrantes ya pagan impuestos en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. “¿Cómo van a gravar las remesas si ya pagan impuestos? Es una doble tributación”, afirmó, criticando la falta de sensibilidad hacia los trabajadores mexicanos.
El Senado mexicano también rechazó la medida por unanimidad. En un comunicado, legisladores de todos los partidos calificaron el impuesto como “arbitrario” y advirtieron que desincentivaría el uso de canales financieros formales. Esto podría empujar a los migrantes a recurrir a métodos informales, aumentando los riesgos de fraude y explotación.
Activistas y expertos han alertado sobre las consecuencias catastróficas de este gravamen. Teresa Tejada, de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles, pronosticó una “catástrofe” para las economías de Centroamérica, donde las remesas representan hasta el 30% del PIB en países como Honduras. En México, analistas estiman que la medida podría reducir las remesas en miles de millones de dólares anuales.
En comunidades como Cajolá, el miedo es palpable. Israel Vail, un residente local, explicó que las remesas de sus hijos en Estados Unidos sostienen su negocio y su hogar. “Si este impuesto se aprueba, los pequeños comercios podrían cerrar y más jóvenes se verían obligados a migrar”, afirmó, destacando el impacto directo de las políticas estadounidenses en la región.
La propuesta aún debe pasar por el pleno de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense, pero su avance en el Comité de Medios y Arbitrios ha encendido las alarmas. Organizaciones de migrantes piden a los legisladores reconsiderar la medida, argumentando que no solo daña a las familias, sino que también podría incrementar la migración irregular al reducir los recursos en los países de origen.
Mientras el debate continúa, millones de familias en México y América Latina esperan con incertidumbre. Las remesas no son solo dinero; son el sustento de comunidades enteras que ahora enfrentan una nueva amenaza desde el otro lado de la frontera.