En un nuevo capítulo de abusos laborales, trabajadores de la aduana de Manzanillo, Colima, fueron despedidos tras alzar la voz contra el acoso y las condiciones inhumanas que enfrentaban. La decisión, tomada por las autoridades aduanales, ha desatado una ola de protestas entre sus compañeros, quienes exigen justicia y el cese de las prácticas que han convertido su lugar de trabajo en un entorno hostil.
El conflicto comenzó el pasado 9 de mayo, cuando un grupo de empleados presentó una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ella, denunciaron jornadas extenuantes de hasta 18 horas, amenazas de despido, hostigamiento psicológico y violencia de género. Lejos de ser escuchados, los denunciantes fueron castigados con el despido, una medida que sus colegas califican como un intento de silenciar las voces disidentes.
El lunes 12 de mayo, decenas de trabajadores respondieron con un paro laboral que paralizó los accesos al puerto de Manzanillo, uno de los más importantes del país. Con pancartas que exigían jornadas dignas y el fin del acoso, los manifestantes dejaron claro que no permitirán más abusos. La protesta, que duró casi nueve horas, obligó a las autoridades a negociar, aunque las promesas de diálogo no han convencido a los afectados.
Rodolfo Torres Chávez, titular de la aduana, y Edmundo Aceves Torres, coordinador cercano, fueron señalados como los principales responsables de las condiciones deplorables. Los trabajadores acusan a ambos de imponer tareas fuera de protocolo, sin respaldo documental, y de usar su poder para intimidar a quienes se atreven a cuestionarlos. La falta de respuesta de las autoridades federales solo ha avivado el descontento.
Tras el paro, la Administración del Sistema Portuario Nacional anunció que las operaciones en el puerto se restablecieron, pero el conflicto está lejos de resolverse. Las autoridades de la Secretaría de Marina prometieron dar seguimiento a las denuncias, y se acordó una reunión en 72 horas con representantes de la CNDH. Sin embargo, los trabajadores desconfían de estas promesas, pues aseguran que la impunidad ha sido la norma en casos similares.
Este no es el primer escándalo que sacude a la aduana de Manzanillo. En los últimos años, el puerto ha sido escenario de denuncias por malos manejos, inseguridad y vínculos con actividades ilícitas. La situación actual pone en evidencia la falta de supervisión y la incapacidad del gobierno para garantizar condiciones laborales justas en una de las zonas estratégicas del país.
Los trabajadores despedidos han anunciado que no darán marcha atrás. A través de sus representantes, han exigido la reinstalación inmediata de sus compañeros y una investigación exhaustiva contra los funcionarios señalados. También han pedido que se respeten sus derechos laborales y se ponga fin a las prácticas que atentan contra su dignidad.
La protesta en Manzanillo ha resonado en redes sociales, donde usuarios han expresado su solidaridad con los trabajadores y han criticado la indiferencia de las autoridades. Mientras el puerto intenta volver a la normalidad, la lucha de los empleados aduanales pone bajo los reflectores un problema que parece extenderse en otras dependencias gubernamentales.
El desenlace de este conflicto dependerá de la voluntad de las autoridades para atender las demandas y sancionar a los responsables. Por ahora, los trabajadores de Manzanillo han dejado claro que están dispuestos a todo para defender sus derechos y poner fin a los abusos que, durante años, han operado en las sombras.