En un nuevo capítulo de la controversia que rodea al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, se ha revelado que los abogados que tramitaron su amparo también representan a Pedro López Elías, un consultor financiero acusado de peculado y actualmente prófugo. Esta conexión ha generado críticas y cuestionamientos sobre la red de influencias en torno al exmandatario.
El caso de López Elías está vinculado a un desvío de 98.6 millones de pesos durante la administración de Corral. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua solicitó una orden de aprehensión contra él por su presunta participación en este esquema de corrupción, pero el acusado no se presentó a su audiencia, lo que lo convirtió en prófugo de la justicia.
Los litigantes que defienden a Corral, según información reciente, son los mismos que han trabajado en el amparo de López Elías. Esta coincidencia ha avivado las sospechas sobre una posible estrategia coordinada para proteger a figuras clave de la pasada administración estatal, lo que ha indignado a sectores de la población.
El caso ha tomado relevancia porque no es la primera vez que el nombre de Corral aparece ligado a investigaciones por corrupción. Actualmente, el exgobernador enfrenta un proceso por cohecho administrativo, cuya audiencia constitucional está programada para diciembre de este año. Este historial ha puesto en el ojo del huracán su gestión como titular del Ejecutivo en Chihuahua.
Por su parte, López Elías, quien fungió como asesor financiero, es considerado una pieza clave en el entramado de desvíos. Las autoridades señalan que su participación fue fundamental para mover recursos de manera irregular, afectando las finanzas públicas del estado. Su condición de prófugo complica aún más el panorama.
La reacción en Chihuahua no se ha hecho esperar. Diversos sectores han criticado la lentitud de las autoridades para capturar a López Elías y han señalado que la protección legal que parece rodear a estas figuras políticas erosiona la confianza en el sistema de justicia. La percepción de impunidad se ha fortalecido con este caso.
Mientras tanto, el equipo legal de Corral ha mantenido un bajo perfil, evitando hacer declaraciones públicas sobre su relación con López Elías. Sin embargo, la presión aumenta para que se esclarezca si existe un esfuerzo deliberado por obstaculizar las investigaciones en curso.
La situación refleja los retos que enfrenta Chihuahua para combatir la corrupción heredada de administraciones pasadas. Los ciudadanos exigen respuestas claras y sanciones efectivas, mientras el caso de Corral y sus aliados sigue generando titulares.
Este nuevo escándalo pone en evidencia las complejas redes de poder que aún persisten en la política estatal. La pregunta que muchos se hacen es si las autoridades lograrán desmantelar estos esquemas o si, una vez más, la justicia quedará en deuda con la ciudadanía.
El desarrollo de este caso será crucial para determinar si Chihuahua puede avanzar hacia una mayor transparencia o si los fantasmas de la corrupción seguirán marcando el rumbo del estado.