La iniciativa de Hernández exige que el INDE denuncie penalmente a cualquier miembro de su personal involucrado en posibles casos de acoso o abuso sexual. Esta medida busca cerrar las puertas a la impunidad que, según la diputada, ha permitido que estos delitos queden sin castigo en el pasado.
Además, la propuesta incluye la implementación de evaluaciones psicológicas periódicas para los trabajadores del INDE. El objetivo es identificar y prevenir conductas de riesgo que puedan derivar en situaciones de violencia o abuso en el entorno deportivo.
Hernández argumenta que estas medidas son esenciales para proteger a los atletas, especialmente a los más jóvenes, quienes a menudo se encuentran en una posición vulnerable frente a figuras de autoridad. La iniciativa busca garantizar un entorno seguro para quienes practican deporte en Nuevo León.
La diputada señaló que el acoso y el abuso sexual en el deporte no son problemas nuevos, pero han sido ignorados durante demasiado tiempo. Criticó la falta de acción por parte de las autoridades deportivas y afirmó que su reforma es un paso hacia la justicia y la prevención.
Otro punto clave de la propuesta es la obligatoriedad de que el INDE actúe con rapidez ante cualquier denuncia. Esto incluye la colaboración inmediata con las autoridades judiciales para asegurar que los casos se investiguen a fondo y no queden en el olvido.
La iniciativa ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos sectores aplauden la intención de proteger a los deportistas, otros cuestionan si las medidas serán suficientes o si su implementación será efectiva en un sistema donde la burocracia a menudo frena los cambios.
Hernández, conocida por su estilo confrontacional, defendió su propuesta como una respuesta necesaria ante un problema que afecta la integridad del deporte en Nuevo León. Sin embargo, no mencionó cómo se financiarán las evaluaciones psicológicas ni cómo se garantizará la transparencia en las denuncias.
El Congreso de Nuevo León deberá analizar y votar la iniciativa en las próximas semanas. De aprobarse, podría marcar un precedente en la forma en que las instituciones deportivas enfrentan el acoso y el abuso en México.
Por ahora, la propuesta de Anylú Bendición pone el reflector sobre un tema incómodo pero urgente, mientras el debate sobre la seguridad en el deporte sigue creciendo en la entidad.