Una jueza federal ha decidido frenar por tiempo indefinido la detención de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, acusado de graves delitos de corrupción. La medida, dictada por la jueza Jovita Vargas Alarcón, ha desatado controversia, ya que la Fiscalía General de la República asegura que el exmandatario encabezó un esquema millonario de desvío de recursos.
Aureoles enfrenta señalamientos por peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Según las autoridades, durante su gestión entre 2015 y 2021, se desviaron más de 3 mil 400 millones de pesos en la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en varios municipios de Michoacán.
La jueza Vargas Alarcón concedió una suspensión definitiva en el juicio de amparo presentado por la defensa de Aureoles. Esto significa que el exgobernador no podrá ser detenido mientras se resuelve el fondo del caso, cuya sentencia podría llegar hasta el 2 de junio.
Para mantener vigente esta protección, Aureoles debe depositar una garantía de un millón de pesos en un plazo de cinco días. La decisión ha generado críticas, ya que la Fiscalía considera que la jueza está otorgando un trato preferencial al exmandatario.
La Fiscalía General de la República ha anunciado que presentará una denuncia penal contra la jueza Vargas Alarcón. Argumenta que la magistrada ha incurrido en una “escandalosa protección” al exgobernador, lo que podría obstaculizar el proceso judicial.
Cuatro excolaboradores de Aureoles ya han sido vinculados a proceso por los mismos delitos. Estos exfuncionarios, detenidos en marzo pasado, enfrentan cargos por peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa, y permanecen en prisión preventiva.
Aureoles, por su parte, ha sido citado para una audiencia inicial el 20 de agosto ante un juzgado en el Reclusorio Oriente. En esta audiencia, la Fiscalía buscará imputarlo formalmente por el daño patrimonial causado al estado de Michoacán.
El caso ha generado un fuerte debate sobre la impartición de justicia en México. Mientras algunos ven en la decisión judicial un intento de proteger a Aureoles, otros consideran que el proceso debe seguir su curso sin interrupciones para esclarecer los hechos.
La investigación contra el exgobernador comenzó en 2022, tras una denuncia de la Contraloría de Michoacán. Las autoridades han señalado irregularidades en contratos otorgados a una empresa inmobiliaria para la construcción de los cuarteles.
Este nuevo capítulo en el caso de Silvano Aureoles mantiene la atención en el combate a la corrupción en México. La resolución final del juicio de amparo podría marcar un precedente en la rendición de cuentas de exfuncionarios públicos.