La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León mantiene firme la suspensión de actividades de Pyosa Industrias, una empresa en Monterrey señalada por un derrame de líquido azul que contaminó el arroyo Topo Chico. La medida, impuesta desde el 13 de mayo, responde a la gravedad del daño ambiental detectado en el cauce.
El derrame, reportado inicialmente en la colonia Las Puentes, en San Nicolás, dejó un rastro visible de agua con coloración azul que fluía por vialidades y drenajes pluviales. Inspectores ambientales confirmaron que la sustancia provenía directamente de las instalaciones de Pyosa, lo que llevó a la clausura inmediata de la planta.
Además de la suspensión total de operaciones, las autoridades prohibieron a Pyosa el uso de la red de drenaje. La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente ya prepara una denuncia por los daños ambientales causados, con el objetivo de exigir la remediación completa del arroyo afectado.
El gobernador Samuel García ha prometido que se aplicará la sanción máxima permitida por la ley. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal aseguró que no habrá tolerancia para quienes contaminen los recursos naturales de Nuevo León, subrayando la importancia de proteger el medio ambiente.
Pyosa, por su parte, ha intentado deslindarse de la responsabilidad. En un comunicado, la empresa afirmó que el derrame no ocurrió dentro de sus instalaciones, sino en el sistema de alcantarillado operado por Agua y Drenaje de Monterrey. Sin embargo, las inspecciones estatales contradicen esta versión.
La Secretaría de Medio Ambiente ha intensificado los operativos de vigilancia en la zona para evitar nuevos incidentes. Durante los recorridos, se constató que el líquido azul no solo afectó el arroyo, sino que también tiñó de color la basura acumulada en el área, evidenciando la magnitud del problema.
Este caso se suma a otros incidentes recientes de contaminación en Nuevo León, como el derrame de químicos de Ternium en el arroyo La Talaverna. La recurrencia de estos eventos ha generado preocupación entre los habitantes de la región, quienes exigen medidas más estrictas contra las empresas responsables.
La legisladora priista Lorena de la Garza criticó la gestión ambiental del estado, señalando que las autoridades han sido rebasadas por la contaminación. Según la diputada, tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Profepa han fallado en regular y vigilar adecuadamente a las industrias.
Mientras tanto, la ciudadanía espera que las acciones legales contra Pyosa no queden solo en promesas. La remediación del arroyo Topo Chico y la aplicación de sanciones ejemplares serán clave para recuperar la confianza en las instituciones ambientales.
El caso sigue bajo investigación, y las autoridades han prometido mantener informada a la población sobre los avances en las acciones legales y los esfuerzos para limpiar el arroyo. La presión social y política crece para que este tipo de incidentes no se repitan.