En el Estado de México, el Congreso local está tomando cartas en el asunto para frenar el alarmante aumento de despojos de viviendas y terrenos. La propuesta, impulsada por legisladores, busca tipificar este delito como grave, endureciendo las penas para quienes se aprovechen del patrimonio de las familias mexiquenses.
El diputado morenista Octavio Martínez Vargas señaló que el despojo es una plaga que afecta a miles de personas, con un promedio de 14 denuncias diarias en la entidad. A pesar de la gravedad, actualmente no hay personas encarceladas por este delito, lo que refleja un vacío legal que los legisladores quieren cerrar de una vez por todas.
Por su parte, el diputado José Miguel Gutiérrez Morales, también de Morena, propuso reformas al Código Penal estatal para incrementar las sanciones, incluyendo penas de hasta 17 años de prisión y multas de más de 600 mil pesos para los responsables, especialmente si son líderes de invasiones o autores intelectuales.
La iniciativa no solo busca castigar con mayor severidad, sino también proteger a las víctimas. Se plantea que el Ministerio Público pueda ordenar la restitución de los inmuebles en un plazo máximo de 48 horas, siempre que el propietario acredite su derecho con documentos registrados.
Los legisladores también quieren agravar las penas cuando el despojo se cometa con violencia, engaño o contra personas vulnerables, como adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. Incluso se contempla castigar con mayor rigor si se utilizan documentos falsos o se involucra a servidores públicos.
Municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco son los más afectados por este delito, donde grupos organizados aprovechan vacíos legales para despojar a familias de sus hogares. Las propuestas han sido respaldadas por diversas bancadas, incluyendo Morena, PAN, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, el camino no será fácil. Los legisladores reconocen que el marco jurídico actual es insuficiente y que urge un dictamen unificado para avanzar. Mientras tanto, miles de mexiquenses viven con el temor de perder su patrimonio ante la impunidad que rodea este delito.
La discusión en el Congreso sigue en marcha, y se espera que las reformas sean votadas pronto. De lograrse, el Edomex podría dar un paso importante para garantizar la seguridad patrimonial de sus habitantes, aunque el reto será que estas leyes se apliquen con firmeza.
El caso de Carlota, una adulta mayor que enfrentó a presuntos invasores en Chalco, puso en el reflector la desesperación de las víctimas. Este tipo de historias subraya la urgencia de actuar contra un problema que fractura el tejido social mexiquense.
La ciudadanía espera resultados concretos. El despojo no solo es un robo de propiedades, sino una afrenta a la tranquilidad y el esfuerzo de miles de familias que ven en sus hogares el fruto de años de trabajo.