Los custodios de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) en Chihuahua están a punto de estallar. Mañana, 15 de mayo, planean un paro de labores que podría paralizar el sistema penitenciario del estado. La razón: el incumplimiento de promesas de aumento salarial que, según ellos, les fueron garantizadas por las autoridades.
El descontento es mayor entre los custodios del penal de Ciudad Juárez, quienes lideran esta protesta. Fuentes cercanas aseguran que están hartos de las promesas vacías y las condiciones laborales precarias. La gota que derramó el vaso fue un supuesto documento con los aumentos salariales propuestos, que no convenció a los trabajadores.
El general Ricardo Fernández Acosta, director de los Ceresos, está en el ojo del huracán. Se dice que amenazó con despedir a quienes participen en el paro. Sin embargo, los custodios no se intimidan, pues creen que Fernández también está bajo presión: si no controla la situación, podría perder su puesto.
El problema no es nuevo. Desde hace meses, los custodios han denunciado la falta de apoyo y beneficios. Comparan su situación con la de otros cuerpos de seguridad, como la Policía Vial, que sí reciben incentivos como el fideicomiso “Orgullo Policía Vial”. Esta desigualdad ha generado una profunda frustración.
Otro punto de conflicto es el tema de las pensiones. Los custodios señalan que, aunque hay oficiales con derecho a jubilarse, las autoridades les cobran entre 200 y 300 mil pesos para procesar su retiro. Esto ha obligado a muchos, incluso de hasta 70 años, a seguir trabajando.
La situación es tensa. Los custodios advierten que, si no hay respuestas concretas, el paro podría extenderse y afectar la seguridad de los penales. La falta de diálogo con las autoridades estatales solo agrava el conflicto.
El gobierno de Chihuahua, encabezado por el PAN, parece no tomar en serio las demandas. La ausencia de una postura oficial sobre el paro refleja la poca prioridad que se le da a este sector. Mientras tanto, los custodios se preparan para hacer escuchar su voz.
Este conflicto pone en evidencia las fallas en la gestión penitenciaria del estado. Si el paro se concreta, las consecuencias podrían ser graves, no solo para los Ceresos, sino para la seguridad pública en general. La pelota está en la cancha del gobierno estatal.