En Veracruz, la inseguridad en el proceso electoral ha alcanzado niveles alarmantes: 75 candidatos a presidencias municipales han solicitado protección ante el riesgo de violencia, según reveló la gobernadora Rocío Nahle. La cifra, que no para de crecer, refleja un clima de temor que se intensifica a medida que se acercan las elecciones del 1 de junio.
El PRI, liderado por Adolfo Ramírez Arana, no ha dudado en señalar a Nahle como responsable de la crisis. Ramírez asegura que el proceso electoral se ha convertido en una pesadilla de terror para los candidatos, con al menos 40 aspirantes de su partido amenazados, lo que ha llevado a varios a abandonar sus candidaturas por miedo a represalias.
La situación es especialmente grave para Movimiento Ciudadano, que encabeza la lista con 25 solicitudes de protección. Le siguen el Partido del Trabajo con 11, Morena con seis, y otros partidos como el PAN, PRI y el Verde con números menores. Este panorama pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en el estado bajo el mando de Nahle.
Casos recientes de violencia han sacudido a Veracruz. El asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena en Texistepec, junto con cuatro personas más, es solo la punta del iceberg. Días antes, Germán Anuar Valencia, otro candidato morenista, fue ejecutado en Coxquihui, y Manuel Bárbaro Hernández fue asesinado en Oluta. Estos crímenes han encendido las alarmas.
El PRI critica que el gobierno de Nahle no ha sabido contener la violencia política, que se ha disparado en las últimas semanas. Ramírez Arana sostiene que la gobernadora ha perdido el control, permitiendo que el crimen organizado intimide a los candidatos y mine la confianza en el proceso electoral.
Por su parte, Nahle insiste en que hay estabilidad política en Veracruz y asegura que las solicitudes de protección están siendo atendidas. Sin embargo, reconoce que algunos candidatos tienen antecedentes delictivos, lo que complica las investigaciones. Esta declaración ha generado controversia, pues no todos los aspirantes amenazados tienen vínculos criminales.
La gobernadora también ha señalado que Yesenia Lara no había solicitado protección oficial, aunque llevaba un guardia privado que murió en el ataque. Este detalle ha sido cuestionado, ya que el aumento de solicitudes refleja la percepción de inseguridad entre los candidatos, independientemente de las medidas individuales que tomen.
El Organismo Público Local Electoral ha confirmado que las solicitudes de protección siguen en aumento, con 64 registradas hasta el 13 de mayo. La mayoría proviene de regiones donde la violencia ha sido más intensa, lo que pone en duda la capacidad del gobierno estatal para garantizar un proceso electoral seguro.
El PRI y otros partidos han exigido la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, argumentando que su estrategia ha fracasado. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo la violencia amenaza con desestabilizar las elecciones en Veracruz.
La escalada de inseguridad no solo afecta a los candidatos, sino que pone en riesgo la democracia en el estado. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la pregunta sigue en el aire: ¿podrá el gobierno de Nahle recuperar el control antes de que la situación se agrave aún más?