En un nuevo episodio que sacude a Sinaloa, el alcalde de Concordia, Óscar Zamudio Pérez, fue víctima de la delincuencia organizada. Un grupo armado lo interceptó en la carretera México-Nogales, despojándolo violentamente de su camioneta Nissan Frontier. El hecho ocurrió mientras el edil viajaba rumbo a Culiacán, dejando en evidencia la fragilidad de la seguridad en la región.
El atraco tuvo lugar en un tramo de la carretera libre, donde los delincuentes, armados y sin temor a las autoridades, obligaron al alcalde a detenerse. Tras despojarlo de su vehículo, lo abandonaron a su suerte. Zamudio Pérez, quien pertenece al partido Morena, no sufrió heridas, pero el incidente pone en la mira la incapacidad de las autoridades para proteger a sus propios funcionarios.
Minutos después del robo, la camioneta fue encontrada abandonada en las inmediaciones del poblado Laguna de Canachi, en Concordia. Elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, recuperaron el vehículo. Sin embargo, no se reportaron detenciones, lo que refuerza la percepción de impunidad que reina en el estado.
Este no es un caso aislado. Sinaloa vive una escalada de violencia que parece no tener freno. En las últimas semanas, los reportes de balaceras, bloqueos carreteros y asesinatos han inundado las noticias. Municipios como Culiacán, Navolato y Mocorito han sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales, dejando a la población en un estado de zozobra constante.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha reconocido la gravedad de la situación, pero sus acciones parecen insuficientes. Los bloqueos carreteros con vehículos incendiados y los enfrentamientos armados son ya parte del paisaje cotidiano. Mientras tanto, la ciudadanía se pregunta cuánto más tendrá que soportar antes de que el gobierno estatal y federal tomen medidas efectivas.
El caso del alcalde de Concordia se suma a otros incidentes similares. En octubre de 2024, el presidente municipal de San Ignacio y la alcaldesa electa de Mazatlán también fueron despojados de sus vehículos en la Maxipista Mazatlán-Culiacán. Estos ataques, dirigidos incluso contra figuras públicas, muestran el nivel de audacia de los grupos criminales que operan en la región.
La violencia en Sinaloa no solo afecta a los funcionarios. La población vive con miedo, y las actividades cotidianas, como viajar por carretera, se han convertido en una apuesta de alto riesgo. Las escuelas han suspendido clases en varios municipios, y los comercios cierran ante la incertidumbre. La economía local sufre, mientras la inseguridad se apodera de las calles.
El gobierno de Sinaloa, encabezado por Morena, enfrenta críticas crecientes por su aparente incapacidad para contener la crisis. Las promesas de seguridad se diluyen frente a la realidad de un estado donde los criminales actúan con total libertad. La ciudadanía exige respuestas, pero hasta ahora, solo encuentra silencio y más violencia.
Este incidente pone en evidencia un problema estructural que trasciende a Concordia o Sinaloa. La falta de coordinación entre los niveles de gobierno y la ausencia de estrategias efectivas contra el crimen organizado mantienen a México en una espiral de inseguridad. Mientras los delincuentes siguen operando sin temor, la confianza en las instituciones se desvanece.