Una red de funcionarios públicos en el Estado de México está bajo investigación por su presunta participación en despojos de viviendas y terrenos. Las autoridades mexiquenses han detectado que empleados, incluyendo algunos del Instituto de la Función Registral, venden información a grupos criminales para facilitar la invasión de propiedades abandonadas o con deudas de predial.
Los datos obtenidos por las investigaciones señalan que estas redes operan proporcionando detalles clave a bandas delictivas. Con esta información, los grupos se apoderan de casas, departamentos o terrenos, ya sea ocupándolos ilegalmente o rentándolos a terceros a precios bajos, ofreciendo una supuesta “protección” a los ocupantes.
Entre los involucrados también figuran jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado de México. Estas redes aprovechan vacíos legales y la falta de supervisión para perpetrar los despojos, afectando a propietarios que, en muchos casos, no tienen los recursos para defender su patrimonio.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha identificado al menos a 24 grupos criminales dedicados a esta actividad. Entre ellos destacan el “sindicato” 22 de Octubre, la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones locales como Gente Delos y Los Mayas, con fuerte presencia en municipios como Ecatepec, Chalco y Valle de Chalco.
El “sindicato” 22 de Octubre, según reportes, opera en la zona oriente del Valle de México, incluyendo Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Chimalhuacán. Además de despojos, esta agrupación está vinculada a extorsión y al control de bicitaxis, actividades que podrían estar relacionadas con el tráfico de drogas.
Las zonas más afectadas por este delito son Ecatepec, Tecámac, Chalco y Valle de Chalco, donde la alta densidad poblacional facilita las operaciones de estas bandas. Las autoridades han señalado que los despojos no solo afectan propiedades de bajo valor, sino también inmuebles de mayor plusvalía.
Un caso reciente que ilustra la gravedad del problema involucra a Mariana Santana, quien denunció el despojo de su vivienda en marzo pasado. Tres sujetos ingresaron a su propiedad, sacaron pertenencias sin autorización y se negaron a devolverla, a pesar de que Santana acreditó ser la legítima propietaria.
La Fiscalía mexiquense ha intensificado sus operativos para combatir este delito, pero la colusión de funcionarios complica los esfuerzos. Las investigaciones buscan desmantelar estas redes y sancionar a los responsables, aunque los avances aún son limitados frente a la magnitud del problema.
Este esquema delictivo pone en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la corrupción y la impunidad. Los propietarios afectados enfrentan largos procesos legales para recuperar sus bienes, mientras las autoridades intentan frenar una práctica que daña el patrimonio de miles de familias.
La situación en el Estado de México refleja un problema estructural que requiere mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno y el Poder Judicial. Hasta ahora, las promesas de justicia no han sido suficientes para devolver la tranquilidad a los mexiquenses.