La industria ganadera de Chihuahua enfrenta una grave amenaza que podría poner en riesgo miles de empleos y millones de pesos en exportaciones. El reciente brote del gusano barrenador en Chiapas ha encendido las alertas, y los productores locales exigen acciones inmediatas para proteger sus hatos. La falta de controles sanitarios efectivos en la frontera sur ha agravado la situación, permitiendo el ingreso de ganado ilegal que pone en jaque la economía regional.
El gobierno estatal, encabezado por María Eugenia Campos, ha respondido con medidas para contener la plaga. En coordinación con el Congreso local, se busca fortalecer las políticas sanitarias y establecer sanciones más duras para quienes comprometan la sanidad del ganado. Sin embargo, los ganaderos advierten que estas acciones podrían no ser suficientes si el gobierno federal no actúa con rapidez.
El impacto económico ya se siente en el estado. En 2023, Chihuahua exportó más de 500 mil cabezas de ganado a Estados Unidos, generando ingresos millonarios. El cierre temporal de la frontera en noviembre de 2024, tras detectarse el brote, dejó pérdidas significativas. Los productores temen que, sin un cerco sanitario robusto, la situación empeore y afecte no solo a Chihuahua, sino a todo el país.
La propuesta legislativa, impulsada por el diputado Arturo Medina, busca reformar el Código Penal y la Ley de Ganadería estatal. El objetivo es castigar a quienes propaguen enfermedades en el ganado, un delito que podría tener graves consecuencias económicas. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Unión Ganadera y otras asociaciones, que urgen a las autoridades a actuar con firmeza.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, ha destacado la importancia de la colaboración entre poderes. En una mesa técnica reciente, se acordó trabajar en conjunto con el Legislativo para garantizar el estatus zoosanitario de Chihuahua. Este esfuerzo, aseguran, es clave para mantener la confianza de los mercados internacionales.
Sin embargo, las tensiones con el gobierno federal complican el panorama. Una controversia constitucional presentada contra un decreto estatal ha generado críticas. Mientras Chihuahua defiende sus medidas sanitarias, la Federación argumenta que el estado excede sus facultades. Este conflicto podría retrasar las soluciones que los ganaderos necesitan con urgencia.
El uso de moscas estériles, una técnica de control biológico, ha sido una de las estrategias implementadas. En colaboración con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se busca reducir la población del gusano barrenador. Aunque los resultados son prometedores, los productores insisten en que se necesitan más recursos para ampliar estas acciones.
La situación en la frontera sur sigue siendo un punto crítico. El ingreso de ganado centroamericano sin controles sanitarios representa una amenaza constante. Especialistas como César Ocaña han advertido que, sin un cierre efectivo de esta frontera, la ganadería mexicana podría enfrentar una crisis aún mayor.
Los ganaderos de Chihuahua no están dispuestos a esperar. Las asociaciones locales han intensificado la presión sobre las autoridades, exigiendo un plan integral que proteja su industria. La incertidumbre crece, y con ella, el temor a que las exportaciones se vean afectadas nuevamente, golpeando a miles de familias que dependen de esta actividad.
La protección de la ganadería no solo es un asunto económico, sino también de seguridad alimentaria. Chihuahua, como uno de los principales productores de ganado del país, juega un papel crucial en el abasto nacional. La respuesta de las autoridades en los próximos meses será determinante para evitar un colapso en este sector vital.