El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México sigue sumando beneficiarias en diversos municipios, ofreciendo un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales a mujeres de 18 a 62 años en situación de pobreza. Según el gobierno estatal, liderado por Delfina Gómez, esta iniciativa busca combatir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de las mexiquenses. Sin embargo, la incorporación de nuevas beneficiarias en mayo de 2025 ha levantado preguntas sobre la transparencia y los verdaderos objetivos detrás de este programa.
En esta etapa, municipios como Chalco, Chimalhuacán, Tejupilco y Tultitlán han sido seleccionados para la entrega de tarjetas a mujeres que ya contaban con un folio de pre-registro de las convocatorias de 2023 y 2024. La Secretaría de Bienestar, encabezada por Juan Carlos González Romero, ha informado que las beneficiarias son contactadas directamente vía telefónica o por correo electrónico. Este proceso, sin embargo, ha generado dudas sobre cómo se selecciona a las participantes y si realmente se prioriza a las personas más necesitadas.
El programa no solo ofrece un apoyo monetario, sino también acceso a servicios gratuitos como atención médica, educación, asesoría legal y descuentos en transporte público. Con más de 650 mil beneficiarias en todo el estado, Mujeres con Bienestar se presenta como una de las iniciativas sociales más ambiciosas del gobierno de Morena en el Edomex. No obstante, críticos señalan que el programa podría estar siendo utilizado como una herramienta para ganar simpatías políticas de cara a futuros procesos electorales.
A pesar de los beneficios anunciados, el proceso de incorporación no está exento de problemas. Muchas mujeres han reportado confusión sobre cómo recuperar su folio de registro o qué hacer si no han sido contactadas. La Secretaría de Bienestar ha insistido en que no hay una nueva convocatoria abierta para registros, lo que limita la participación a quienes ya están en la lista de espera. Esta restricción ha generado críticas, ya que miles de mexiquenses que cumplen con los requisitos aún no pueden acceder al apoyo.
Otro punto de controversia es la depuración del padrón de beneficiarias. Según las reglas de operación, las mujeres en zonas urbanas reciben el apoyo durante un año, mientras que en zonas rurales pueden permanecer hasta dos años. Este ajuste, que busca dar espacio a nuevas beneficiarias, ha sido cuestionado por quienes consideran que el tiempo es insuficiente para generar un impacto real en la economía de las familias. Además, el cambio en la edad límite de 64 a 62 años ha dejado fuera a muchas mujeres que esperaban continuar en el programa.
La entrega de tarjetas en municipios como Tejupilco, donde se incorporaron 3,500 nuevas beneficiarias, ha sido destacada por el gobierno estatal como un logro significativo. Sin embargo, la falta de un calendario claro para otros municipios y las demoras en los pagos han generado descontento entre las beneficiarias. En redes sociales, algunas mujeres han compartido que los depósitos correspondientes al bimestre de mayo-junio aún no llegan, lo que pone en duda la eficiencia administrativa del programa.
El gobierno de Delfina Gómez ha enfatizado que Mujeres con Bienestar es una muestra de su compromiso con las mexiquenses más vulnerables. Sin embargo, la opacidad en el manejo de los recursos y la selección de beneficiarias sigue siendo un tema de debate. Mientras el programa continúa expandiéndose, muchos se preguntan si se trata de un verdadero esfuerzo por combatir la pobreza o de una estrategia para consolidar el poder de Morena en el Estado de México.
A medida que el programa avanza, la Secretaría de Bienestar ha alertado sobre fraudes en redes sociales, donde publicaciones falsas prometen “bonos” o registros exprés. Las autoridades han pedido a las mexiquenses verificar la información solo en canales oficiales, como el sitio web de la Secretaría o sus redes sociales. Este llamado a la cautela refleja los retos que enfrenta el programa para mantener la confianza de la población en un contexto de creciente escepticismo hacia las políticas públicas.