En Nuevo León, el partido Morena ha levantado la voz para exigir que se promueva una consulta pública sobre el controvertido proyecto del viaducto elevado Constitución-Morones Prieto. La diputada local Reyna Reyes, integrante de este partido, señaló que la ciudadanía merece estar informada y participar en una decisión que podría transformar el rostro de Monterrey. Pero, ¿qué tan transparente está siendo este proceso?
El viaducto, impulsado por el gobierno estatal encabezado por Samuel García, plantea construir una vía elevada de 17 kilómetros sobre la avenida Morones Prieto. Según las autoridades, la obra promete reducir el tráfico y mejorar la movilidad en la zona metropolitana. Sin embargo, la falta de difusión sobre la consulta pública ha generado sospechas entre los legisladores de Morena, quienes acusan al gobierno de querer pasar el proyecto sin el escrutinio necesario.
Reyna Reyes, en una sesión en el Congreso de Nuevo León, destacó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrió una consulta pública que inició el 21 de abril y concluirá el 20 de mayo de 2025. Sin embargo, criticó que esta consulta no ha sido suficientemente publicitada. Para Morena, esto podría ser una estrategia para limitar la participación ciudadana y aprobar el proyecto sin oposición significativa.
El proyecto no es nuevo en la controversia. Desde que se anunció en 2023, colectivos ciudadanos y organizaciones como Un Río en el Río y Calles de Primer Nivel han denunciado que el viaducto podría causar un daño ambiental severo al río Santa Catarina. Alteraciones en el equilibrio hídrico, impacto en la flora y fauna, y un aumento en la contaminación son algunas de las preocupaciones que han puesto sobre la mesa.
Además, los críticos del proyecto argumentan que prioriza el uso del automóvil sobre alternativas más sostenibles, como el transporte público o la movilidad en bicicleta. Para estos grupos, el viaducto representa un modelo de desarrollo que beneficia a unos pocos mientras ignora las necesidades de la mayoría. La pregunta es: ¿escuchará el gobierno estas voces o seguirá adelante con su plan?
Por su parte, el gobierno de Samuel García defiende la obra asegurando que no afectará el cauce del río y que incluye beneficios como ciclovías y áreas verdes. También se ha dicho que la vía de cuota, con un costo estimado de 4.50 pesos por kilómetro, aliviará la congestión vehicular y reducirá las emisiones contaminantes. Sin embargo, estas promesas no han convencido a todos.
La opacidad en torno al proyecto también ha sido un punto de crítica. Activistas han señalado que no se han transparentado los estudios de impacto ambiental ni los detalles del contrato con GAMI Ingeniería e Instalaciones, la empresa encargada de la construcción. Este historial de secretismo solo alimenta las dudas sobre los verdaderos beneficiarios de la obra.
Morena insiste en que la consulta pública debe ser un ejercicio genuino de participación ciudadana, no una formalidad para justificar decisiones ya tomadas. La presión del partido busca que más personas se involucren y exijan claridad sobre un proyecto que, de concretarse, cambiará la dinámica de Monterrey por décadas.
Mientras el plazo de la consulta se acerca, el debate sigue abierto. ¿Será este viaducto una solución para la movilidad en Nuevo León o un nuevo capítulo en la lista de proyectos polémicos del gobierno estatal? La respuesta, al menos por ahora, parece estar en manos de los ciudadanos.