El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos Fuentes, ha levantado la voz contra la decisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de cerrar la frontera a la importación de ganado mexicano. Esta medida, que entró en vigor el 11 de mayo, responde a la detección de casos de gusano barrenador en el sur de México, pero pone en jaque a miles de familias ganaderas del norte del país.
Bustillos Fuentes argumenta que el ganado de los estados exportadores, como Chihuahua, está libre de la plaga. Las reses cumplen con estrictos protocolos sanitarios, incluyendo inspecciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos, además de la aplicación de ivermectina. A pesar de esto, la frontera permanece cerrada, afectando gravemente la economía de la región.
La suspensión de las exportaciones ha sido calificada como un golpe mortal para la industria ganadera. Miles de familias que dependen de esta actividad ven amenazado su patrimonio. El líder ganadero ha exigido una prórroga para cumplir con los protocolos, destacando el esfuerzo y la inversión realizados para mantener la sanidad del ganado.
El cierre de la frontera no solo impacta a Chihuahua, sino a todos los estados exportadores del norte de México. Bustillos ha señalado que los ganaderos de estas regiones no deberían ser castigados por problemas sanitarios originados en el sur del país, donde asegura que la falta de control ha permitido el avance del gusano barrenador.
La situación se agrava por la inacción de las autoridades mexicanas, según el presidente de la Unión Ganadera. Ha hecho un llamado urgente para que se cierre la frontera sur de México al paso de ganado que no cumpla con las normas sanitarias, advirtiendo que de no hacerlo, la sanidad de los hatos ganaderos y la fauna silvestre del país estará en riesgo.
Bustillos también ha criticado la falta de coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. Propone la creación de un comité binacional que facilite la comunicación y tome decisiones conjuntas para enfrentar la crisis. Además, ha sugerido regionalizar el control sanitario para proteger a estados como Chihuahua, que invierten significativamente en sanidad.
El impacto económico es devastador. Se estima que 120 mil cabezas de ganado están varadas en Chihuahua, con pérdidas diarias de hasta 6.5 millones de dólares. La diferencia de precio entre el mercado nacional y el de exportación agrava la situación, ya que el ganado vendido localmente genera un 30 por ciento menos de ingresos.
La Unión Ganadera ha planteado ocho puntos para combatir el gusano barrenador, incluyendo el uso de moscas estériles y el fortalecimiento de los comités de sanidad. Sin embargo, la producción actual de moscas estériles es insuficiente, cubriendo solo el 20 por ciento de lo necesario para controlar la plaga.
Bustillos ha enfatizado que los ganaderos del norte no son responsables de la negligencia en otras regiones. Ha cuestionado por qué se mide a Chihuahua con el mismo criterio que a estados que no invierten en sanidad, como Tabasco o Chiapas. La falta de acción, asegura, podría tener consecuencias no solo económicas, sino también para la salud pública.
La incertidumbre persiste, ya que la suspensión de 15 días podría extenderse si no se llega a un acuerdo. Mientras tanto, los ganaderos de Chihuahua enfrentan una crisis que amenaza con cambiar el rumbo de una industria clave para la región, sin que se vislumbre una solución inmediata.