La Fiscalía General de la República anunció la destrucción de más de 13 toneladas de precursores químicos y narcóticos en Michoacán, un operativo que buscaba golpear al narcotráfico en una de las regiones más afectadas por la violencia.
El operativo, parte del programa “Destrucción de drogas y bodegas vacías 2025”, incluyó la eliminación de 3,135 kilogramos y 9,078 litros de precursores químicos, además de 863.4 litros de metanfetamina líquida.
La acción contó con la participación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Michoacán, en un esfuerzo por desmantelar redes de producción de drogas sintéticas.
Sin embargo, estas operaciones no parecen frenar la ola de violencia que azota al estado. Michoacán sigue siendo un punto caliente para cárteles como el Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana, que mantienen un control férreo en varias zonas.
La supervisión del proceso estuvo a cargo de agentes del Ministerio Público Federal, junto con personal del Órgano Interno de Control y expertos del Centro Federal Pericial Forense, quienes verificaron la identificación, conteo y pesaje de las sustancias.
Las drogas y precursores fueron trasladados a una empresa privada en el Estado de México, especializada en la inhabilitación de estos compuestos, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial.
A pesar de estos decomisos, la crisis de inseguridad en México no da tregua. La presión de Estados Unidos, que acusa al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente contra el tráfico de fentanilo, sigue en aumento.
Washington incluso ha incluido a seis cárteles mexicanos, entre ellos los de Sinaloa y Jalisco, en su lista de organizaciones terroristas, lo que refleja la gravedad del problema y la falta de avances significativos.
Mientras el gobierno presume estos operativos, la realidad en las calles de Michoacán y otros estados sigue siendo alarmante, con comunidades atrapadas entre la violencia y la impunidad.
La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo serán suficientes estos decomisos para realmente combatir el poder del narcotráfico en México?